Veintiuna asociaciones ecologistas y medioambientales de Gipuzkoa e Iparralde llevaron al Pleno, a través de Bildu y Ezker Batua, una moción en la que solicitaban al Ayuntamiento que asumiera los compromisos a los que le obligan las diferentes figuras de protección del entorno natural de la bahía de Txingudi y la desembocadura del Bidasoa. No se llegó a votar el documento porque el PSE presentó un texto alternativo que pretendía corregir algunas afirmaciones del anterior.

«Supongo que por desconocimiento», explicaba el portavoz socialista y delegado de Medio Ambiente, Miguel Ángel Páez, «dicen algunas cosas que no son ciertas». Su documento alternativo era, en realidad, una resumen de las diferentes figuras de protección y de los planes aprobados para la zona intermareal de Txingudi en el que se especificaban las competencias de cada administración. Además, cuáles de las acciones acordadas se habían acometido, cuáles no y a quién correspondía hacerlo. «Un interesante resumen y un documento para guardar», dijo la portavoz del PP, Juana de Bengoechea, que anunció que apoyaría esa moción, también porque en la primera «hay cosas equivocadas».

La original requería al Ayuntamiento «liberar de uso y presión humana» las islas del Bidasoa y adoptar «conjuntamente con el Gobierno Vasco la recuperación ambiental de las riberas de Oxinbiribil, Alunda y Lastaola», pero Páez defendió que eran obligaciones que correspondían al Gobierno Vasco, y que el Ayuntamiento de Irun hizo lo que le tocaba adquiriendo el suelo de Osinbiribil. Enseguida, el debate se centró en otro aspecto que también mencionaban, aunque en términos distintos, ambas mociones: las instalaciones deportivas de Plaiaundi.

Manuel Millán (EB), achacó al PSE que su enmienda no contaba cómo se perdieron «fondos europeos por no trasladar esas pistas» y recordó que son «la joya de la corona».

Tanto él como Bildu señalaron que en ese texto alternativo, los compromisos «solo» eran «reafirmarse en el compromiso del pleno desarrollo del Plan» y crear una comisión de trabajo con Diputación y Gobierno Vasco para «abordar el programa y la financiación en la consecución de los objetivos planteados». Es decir, ningún compromiso en firme sobre el traslado de las pistas deportivas. El mismo argumento esgrimió Xabier Iridoy (EAJ-PNV).

El alcalde, José Antonio Santano, medió para ofrecerse a completar el texto con una alusión a buscar una nueva ubicación para trasladar las pistas lo antes posible, dado que la opción de Zubieta parece ser de todo menos rápida. Solo puso dos condiciones, no descartar Zubieta hasta que no haya otra opción en firme y que «se mantengan los porcentajes en la financiación aprobados en el 93», recogidos en un convenio al que la moción alternativa hacía mención: el 20% lo asumiría el Ayuntamiento, el 30% el Gobierno Vasco, el 50% la Diputación».

Santano se comprometió con los portavoces a repasar «las siete alternativas que todos los partidos juntos analizamos en 2007. Dado que las cosas van cambiando, quizá encontremos alguna solución que entonces no vimos». También reconoció que, «en aquel momento, estábamos a unos meses de unas elecciones. Ahora podemos hacerlo con más calma».

De esta manera, EAJ-PNV optó por apoyar la moción y Bildu y Ezker Batua se pasaron del no a la abstención. «Con esa oferta no votaré en contra, entendiendo un compromiso del alcalde para buscar una nueva ubicación y sumando mi compromiso para buscar el acuerdo», dijo Millán. «Nuestra petición», dijo Oinatz Mitxelena, «es que los grupos ecologistas que hoy presentaban esta moción estén presentes en la comisión con Diputación y Gobierno Vasco, porque ellos saben mucho más que nosotros sobre estas zonas». Una petición a la que se sumó también Xabier Iridoy.

Páez se comprometió a «tocar todas las puertas» en otras instituciones para empujar en la dirección de la solución y recibió de Bildu idéntica promesa. Además, el delegado recalcó que quisiera «la misma sensibilidad, por parte de los partidos y de las asociaciones ecologistas, en otras zonas de Txingudi igualmente importantes: las islas del Bidasoa aún siguen siendo privadas y el Estado francés acaba de hacer una obra en el río y no he oído una queja».

Las últimas sesiones plenarias están dando lugar a situaciones insólitas y la de ayer no fue una excepción, con una votación en la que nadie, ni siquiera el grupo proponente, votó a favor de su aprobación.

Una moción del grupo socialista para exigir al Gobierno Vasco que cumpla los compromisos firmados en materia de vivienda protegida de alquiler y de alquiler social tuvo como respuesta una alternativa de EAJ-PNV. En la parte expositiva, «la moción del PSE tiene imprecisiones que no podemos aceptar», señaló el portavoz jeltzale Xabier Iridoy. Remarcó que el suelo para las VPO «se vendió, no se 'cedió'», aunque el Gobierno le matizó que «sólo para derecho en superficie, que se recupera al vender las viviendas. Para alquiler protegido se vendió al 50% del valor y el de alquiler social, se cedió». También señaló que antes de la entrada del nuevo Gobierno Vasco, Visesa ya pidió cambiar parte del alquiler por VPO tradicional, y el Gobierno municipal le recordó que «no se lo aceptamos». La moción nacionalista aportaba también un dato nuevo: la consejería vasca de Vivienda ha licitado, el 13 de este mes, una parcela de Oinaurre para construir 48 VPO en régimen de derecho de superficie a 75 años y 16 de alquiler protegido.

En la parte dispositiva, la de los compromisos, la moción original describía con exactitud las viviendas conveniadas (48 VPO de alquiler y 32 de alquiler social en Oinaurre; 41 apartamentos de alquiler para jóvenes en Alberto Larzabal) mientras la jeltzale era más general, solicitando al Ejecutivo autonómico que atendiera la demanda de alquiler protegido en la ciudad. Manuel Millán (EB) reprochó a Iridoy «falta de concreción en las peticiones» en su parte dispositiva y éste se mostró dispuesto a integrar los compromisos tal cual estaban redactados en la moción del PSE.

El alcalde, José Antonio Santano, intervino para advertir que eso no era posible porque «entonces no sería una alternativa. Sería lo mismo, pero cambiando la exposición y eso se hace por enmienda al texto original». Así, la Corporación tuvo que votar la enmienda alternativa inicial del PNV sin cambiar nada, votación que se saldó con los votos en contra de PSE y PP, y la abstención de Bildu, EB y el propio PNV, que no votó a favor de su texto. Después, se votó la enmienda del PNV para cambiar la exposición de la moción socialista por la suya, pero sólo ellos votaron a favor. Cuando se votó la aprobación de la moción primera, PSE, Bildu, PP y EB alzaron sus manos y el PNV votó en contra.

Más allá de la extraña situación que supone que un grupo no vote a favor de una moción que él mismo eleva al Pleno, durante todo el debate sobrevoló una sensación que describió Juan Mari Unanue (Bildu). «Si realmente PSE y PNV tienen interés en que el Gobierno Vasco haga las viviendas de alquiler que tiene comprometidas en Irun, no entiendo que estén debatiendo tanto. No debería ser tan difícil que se pongan de acuerdo, pero esto parece más una guerra entre los que defienden al Gobierno Vasco anterior y los que defienden al de ahora».