Noticias publicadas en Diario Vasco el 1 de Diciembre de 2009.
El consejero vasco de Economía, Carlos Aguirre, se ha mostrado hoy partidario de "ajustar gastos" en lugar de subir impuestos para superar el "problema de financiación" de las prestaciones sociales a personas mayores y de renta básica.
De esta manera, Aguirre se ha referido, en una entrevista en Herri Irratia, a la propuesta que formuló ayer el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, de crear un fondo vasco, al margen de los presupuestos de las instituciones y financiado con nuevos tributos o cotizaciones, para hacer frente al incremento del gasto social, ha informado esta emisora en una nota.
El consejero ha mantenido que esta propuesta "no es una idea nueva" y que "el anterior Gobierno no la tomó en consideración" cuando Bilbao la propuso durante la legislatura precedente.
Además, ha mostrado su preferencia por que un gasto "ordinario" como las prestaciones sociales sean financiadas mediante "dotaciones presupuestarias también ordinarias" y ha abogado por "mejorar la eficiencia del sistema" para que "las prestaciones sean para las personas que tienen que ser" y no se produzcan fraudes.
Aguirre ha subrayado la importancia de hallar un "equilibrio entre ingresos y gastos", ha señalado que el Gobierno tiene capacidad de ingresar más dinero "sin tocar los impuestos" y ha apostado por "ajustar los gastos" en caso de que sea necesaria "una mayor dotación de recursos".
También Ezker Batua (EB) ha opinado hoy sobre la propuesta de José Luis Bilbao y, en una nota, ha expresado su disposición a "entrar en un debate fiscal de fondo", aunque ha matizado que si se inicia este debate "se haga sobre la base de que pague más quien más tiene".
EB ha considerado "peligroso" que el diputado "relacione la falta de fondos de esta institución con el gasto en políticas sociales" porque "pone en duda el Estado del bienestar" y ha aseverado que "la falta de fondos para garantizar las políticas sociales es consecuencia de la 'nefasta' política fiscal llevada a cabo por la institución foral en los últimos cuatro años".
EL FUTURO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Las diputaciones alertan del aumento de los costes políticas sociales Las diputaciones de Gipuzkoa y Vizcaya alertan del aumento incesante de los costes. Las arcas forales por sí solas no podrán asumir la atención a la tercera edad, la acogida de menores o la renta básica
01.12.09 - 03:19 -
FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN.
ETXANIZ DIPUTADA DE POLÍTICA SOCIAL DE GIPUZKOA
«Es preciso disponer de recursos estructurales estables al margen de conyunturas»
«Deberíamos debatir sobre fórmulas no arbitradas en Gipuzkoa, pero sí en otros países» «Es necesario definir la participación del usuario en el pago de las prestaciones sociales»
«Hay que crear un fondo vasco financiado con nuevos tributos o cotizaciones»
«Debemos alcanzar un gran pacto político e institucional para sostener el sistema»
Las diputaciones de Gipuzkoa y Vizcaya coincidieron ayer en alertar sobre el riesgo de quiebra de las arcas públicas ante la creciente demanda de servicios sociales. La atención a la tercera edad, el acogimiento de menores, la renta básica para colectivos en riesgo de exclusión o la Ley de Dependencia conllevan una factura multimillonaria, absorbiendo cada vez más dinero de los presupuestos forales.
Ante esta situación, el diputado general de Vizcaya y la diputada de Política Social de Gipuzkoa plantearon ayer la necesidad de contar con recursos que no provengan de la Hacienda foral. Los dos posicionamientos, realizados en foros distintos, fueron coincidentes. Josu Bilbao realizó sus declaraciones en una conferencia-coloquio en la capital vizcaína. Maite Etxaniz en la apertura de una jornada sobre la sostenibilidad de los servicios sociales, desarrollada en el Kursaal.
El diputado general de Vizcaya fue claro al proponer la creación de un fondo vasco con nuevos impuestos para afrontar los gastos sociales. Bilbao concretó que este fondo debería constituirse al margen del presupuesto de las instituciones. En su opinión, tendría que ser financiado mediante nuevos tributos o cotizaciones.
Después de recalcar que su propuesta «no pasa en ningún caso por reducir o recortar» las actuales prestaciones, abogó por un «gran pacto político, institucional y social para la sostenibilidad del sistema», que se debería forjar durante 2010 por ser un año sin citas electorales.
La diputada foral guipuzcoana, por su parte, señaló la necesidad de contar con «recursos económicos estructurales estables, que garanticen la calidad y cantidad de los servicios al margen de coyunturas económicas». Etxaniz ya avanzó en los pasados Cursos de Verano este posicionamiento e incluso fue más explícita que ayer en el Kursaal. En septiembre indicó que «quizá debamos revisar nuestra política impositiva en las vertientes en que hagan sostenible el desarrollo social».
Bilbao y Etxaniz utilizaron argumentos similares para reclamar más recursos económicos. El diputado general de Vizcaya indicó que el «crecimiento imparable de las necesidades y demandas nos obliga a plantear públicamente la imposibilidad de mantener en el futuro el actual nivel de prestaciones si no se toman medidas».
Etxaniz indicó en Donostia que «nos enfrentamos día a día a continuos cambios en las necesidades sociales. Nuevos escenarios que ponen ante nosotros un panorama muy diferente a lo que conocíamos».
Desarrollo normativo
La diputada guipuzcoana indicó que este nuevo escenario viene motivado por el importante desarrollo normativo experimentado en Euskadi en los últimos años. Citó la aprobación de las leyes de servicios sociales, la de garantía de ingresos mínimos y familia, además de la Ley de Dependencia.
A la hora de concretar fórmulas que alivien la presión sobre las arcas públicas, los dos responsables forales aludieron en sus respectivos foros al copago, es decir, el reparto del coste entre el beneficiario y las instituciones.
En este sentido, Etxaniz abogó por definir la participación del usuario en el pago de las prestaciones a las que se accede estableciendo criterios claros. La diputada puso un ejemplo. En el caso de residencias de ancianos, el coste de la atención sanitaria recaería en Osakidetza, los cuidados derivados de la situación de dependencia en la Diputación y el apartado de hostelería en el propio usuario. «Son tendencias que vienen proponiéndose en otros lugares y con la que nosotros nos sentimos identificados», indicó Etxaniz.
La diputada foral guipuzcoana añadió en la jornada del Kursaal que «quizá también deberíamos debatir sobre nuevas fórmulas de financiación no arbitradas en nuestro entorno, pero sí utilizadas en otros países».
Etxaniz explicó que en Francia disponen de sistemas como la Caja de Jubilación y la Caja del Seguro de Enfermedad (mayores y discapacitados) «y así hasta una treintena de acciones que llegan a significar el 5,3% del PIB. En Inglaterra, este tipo de impuestos alcanza el 6,5% del PIB».
En Alemania -añadió Etxaniz- cuentan con el Seguro de Dependencia (cotizaciones de carácter obligatorio a cajas de seguros para este tipo de prestaciones), en las que cotizan pensionistas y desempleados, llegando al 90% de la población.
En otros países, explicó la diputada foral, se ha optado por reservar una parte de los ingresos derivados del IVA para el área social. «En Dinamarca y Alemania se instauró en 1997 un IVA social de 3 puntos porcentuales», concretó.
En Austria, Luxemburgo, Suiza, Bélgica y Lienchestein también tienen sus impuestos ajustados a este tipo de necesidades, aseguró Etxaniz.
El diputado general de Vizcaya propuso el reforzamiento de la lucha contra el fraude como otra medida para reducir los costes sociales, así como la «corrección de las situaciones que permiten ganar más dinero sin trabajar que trabajando. Una economía subsidiada -dijo- es la semilla de nuestra destrucción», por lo que «se debe primar la inserción y no el subsidio».
Bilbao criticó a los legisladores, tanto del Congreso como del Parlamento vasco por aprobar nuevos «derechos» sociales sin tener en cuenta «cómo se iban a financiar y qué institución los tendría que pagar».
Maite Etxaniz, en su conferencia, quiso huir del pesimismo y, si bien admitió que Gipuzkoa se enfrenta a un gran reto, añadió que el sector de los servicios sociales propicia una actividad económica pujante. «Cada euro destinado a este sector tiene un retorno muy elevado. Además, constituye un apreciable nicho de empleo».
El extremo envejecimiento de la población es uno de los principales retos que tendrá que afrontar Gipuzkoa en los próximos años. En 2030, el número de personas mayores de 60 años aumentará considerablemente, situándose en torno al 30% de la población total. De este colectivo, el 39% será mayor de 80 años, aproximadamente 50.000 guipuzcoanos. Las personas viven más como consecuencia de la mejoría en su calidad de vida y nos encontraremos con un número mayor de ciudadanos dependientes necesitados de atención.
No es este el único reto. La tendencia de los últimos años indica que la atención a los menores irá en aumento. Además, se consolidan los colectivos con mayor riesgo de exclusión social, como las familias monoparentales o discapacitados.
No hay que olvidar que el 2% de los hogares guipuzcoanos se mantiene en situación de riesgo de pobreza, hecho que se ha agravado por la crisis.
Otros colectivos a los que atender es de la mujeres víctimas de maltrato y el de los inmigrantes, colectivo este último que supone el 4% de la población y que muestra una tendencia al crecimiento.
La barcelonesa Montserrat Cervera, profesora de la Universidad Ramón Llul, dibujó ayer en el Kursaal el mapa de los servicios sociales en España, en una jornada organizada por el departamento de Política Social de la Diputación de Gipuzkoa. La directora de Antares Consulting es miembro del comité de expertos que ha evaluado la Ley de Dependencia a petición del Congreso de los Diputados, un texto que nace para atender a las personas que en situación de vulnerabilidad requieren apoyo.
- No parece muy de acuerdo con la Ley de Dependencia.
- Es que hay muchas cosas que no son contempladas. No se puede hablar de financiación sin tener en cuenta los costes económicos. Habría que tener en cuenta las prestaciones, la organización y el sistema, la inversión y el mantenimiento de las estructuras productivas. Hay un error de base. No se ha tenido en cuenta el punto de vista, la opinión de las personas que se dedican a la sanidad.
- ¿Pero esto es una barbaridad?
- Algo de eso existe. No parece normal que no se haya consultado al personal sanitario. Se le ha obviado, y eso es un grave error.
-¿Existe una descoordinación entre los diferentes servicios sociales?
- Totalmente. Se solapan actuaciones entre los diferentes niveles. Así se actúa a nivel local, autónomo, estatal... Pero falta una coordinación. Se necesita estabilidad y solidez en el sistema, algo que de momento no existe.
- Y a raíz de esta carencia organizativa, ¿cree que se derrocha mucho dinero en el trayecto?
- Claro. Más que al dinero que se dedica a los servicios sociales habría que prestar más atención a cómo se invierten estas cantidades.
- En su conferencia ha hablado de falta de una política común.
- Es que cada uno batalla por su cuenta. No existen, además, estrategias de futuro, sobre cuál es el coste efectivo de todas esas ayudas sociales y ver a quién se dirigen. ¿El más necesitado es quien más recibe? Creo que no.
- Asegura que el mal cálculo por parte de Sanidad de los costes de atención a la dependencia exige fórmulas como la modificación del copago de los medicamentos para poder financiarla.
- La financiación para todas las políticas sociales anunciadas no se ha previsto. Se establecieron nuevos decretos y nuevos servicios sin prever los costes y, además, se descubrió que el número de pacientes susceptibles de acceder a esos servicios era mayor que el que se había calculado. Todo esto ha llevado a una situación complicada desde el punto de vista financiero.
pie de foto inferior :Monserrat Cervera experta en dependencia.
