Hace más de un siglo se proclamó lo que ayer, otro 8 de marzo, se volvió a conmemorar con decenas de iniciativas y actos reivindicativos. Aún hace falta celebrar el Día de la Mujer, en el que se amplificaron los mensajes sobre la necesidad de caminar hacia una igualdad real. Los representantes de los guipuzcoanos en las Juntas Generales llevaron a cabo un sencillo acto en el que instaron a que las mujeres sean parte integrante de todos los ámbitos sociales, tanto en el público como el privado, ya que «su aportación, visión y experiencia es imprescindible para avanzar hacia una sociedad democrática, justa, igualitaria y pacífica».

La presidenta de la Cámara foral, Lohitzune Txarola, acompañada por representantes de Bildu, PNV, PSE, PP y Aralar, fue la encargada de leer una declaración institucional en la que el Parlamento guipuzcoano expresa su «compromiso incondicional» a favor de la igualdad real de mujeres y hombres, así como la lucha en defensa de los derechos de la mujer. Asimismo, los representantes de los guipuzcoanos se adhieren «plenamente» a la declaración de los objetivos de desarrollo del Milenio, promovidos por la Organización de las Naciones Unidas en sus ocho objetivos, «a sabiendas que éstos no se podrán lograr si los derechos de las mujeres y los hombres no se encaminan a la igualdad de oportunidades».

La Cámara guipuzcoana reclamó también a la sociedad que sea la ciudadanía misma quien exija la paridad de género en la representación de sus instituciones, y que proclamen «una mayor presencia de las mujeres en los comités o altos cargos de las empresas». En esa línea, las Juntas se comprometen a seguir con la labor de desarrollar políticas de igualdad y concienciación, y hacer que esta cuestión sea una de las prioridades en esta legislatura.

Las Juntas de Gipuzkoa lamentaron que «hoy en día no se puede hablar de igualdad real de mujeres y hombres, ya que las mujeres, aún constituyendo la mayoría del género humano, no tienen garantizados sus derechos básicos en todo el mundo, como pueden ser el derecho a la educación, a la salud, a la sexualidad o al trabajo remunerado». Si bien reconocieron que se van dando pasos a nivel legal, «la igualdad real está todavía muy lejos de ser alcanzada», recordó el Parlamento foral, al tiempo que se mostró convencido de que «para una convivencia de igual a igual en todos los lugares del planeta» se debe trabajar desde las familias, entorno más cercano, escuelas y trabajo.

De este modo, las Juntas remarcaron que «una sociedad en la que la mitad de la población sufre continuas agresiones, y a la que se le niegan sistemáticamente sus derechos, es una sociedad que no puede avanzar de manera igualitaria». Además, los junteros hicieron un llamamiento a toda la sociedad a que haga suya la reivindicación por la igualdad, «que es un derecho que no puede ser arrebatado ni borrado», y mostraron su preocupación por el hecho de que «hasta que la violencia de cualquier tipo contra las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público sea erradicada».

La Diputación de Gipuzkoa subrayó también ayer su compromiso con las políticas de igualdad de ayuntamientos, asociaciones y colectivos feministas con un total de 375.000 euros en ayudas. La directora de Igualdad del ente foral, Laura Gómez, destacó que «los ayuntamientos y el movimiento de mujeres y feministas guipuzcoano son agentes fundamentales para transitar hacia un nuevo modelo de convivencia igualitario en el territorio». Por ello, anunció que el consejos de diputados aprobará el martes dos líneas de subvenciones de 200.000 y 175.000 euros. A través del primer montante, la Diputación busca apoyar económicamente la realización de proyectos que fomenten el asociacionismo e impulsen la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural de Gipuzkoa. «Se trata de una subvención que supera en un 33% la de 2011, lo que evidencia la firme apuesta del Gobierno foral por las iniciativas encaminadas a la información, sensibilización, investigación y divulgación de las desigualdades entre mujeres y hombres», aseguró Gómez. Los otros 175.000 euros, «un 17% más que en 2011», tendrán como objeto apoyar económicamente la realización de proyectos estratégicos para aquellos municipios que cuentan con un marco estable para el desarrollo de las políticas para la igualdad. La Diputación también intensificará su apoyo al programa Berdinbidean, destinado a ayuntamientos que cuentan con menos de 10.000 habitantes.

Hubo una época en la que los bancos concedían créditos sin mayores problemas ni distinciones sociales. Ahora también los conceden, pero en ocasiones no es dinero lo que ofrecen, sino tiempo, aunque para ello sea necesaria la intervención de un alcalde.

Soraya Miguel respira aliviada porque no tendrá que abandonar su casa de Zumarraga el próximo lunes. Su banco le ha otorgado una prórroga de tres meses antes de desahuciarla. El plazo se cumplirá el 15 de junio, tiempo más que suficiente para terminar de recoger sus pertenencias y acabar en la calle con sus dos hijos si hasta entonces nada lo impide.

Según la plataforma Stop Desahucios, la prórroga ha sido posible gracias a la intervención del Ayuntamiento de Zumarraga. «Pedimos al alcalde que se pusiera en contacto con el banco para interesarse por el caso», explica Mikel Sánchez, portavoz del colectivo. Los resultados de esta solicitud los conoció Soraya el pasado día 2, cuando se reunió con el primer edil, Mikel Serrano. «Me dijo que había hablado con el banco y que me concedían tres meses más de plazo», recuerda.

«El Ayuntamiento se ha portado, no tengo ninguna queja de ellos», afirma Soraya, que confirma de esta manera que a veces las instituciones sí se ocupan de personas concretas y no solo de grandes planes y proyectos. Con su crédito de tiempo bajo el brazo, la vecina de Zumarraga ha podido al menos borrar una fecha del calendario y marcar otra más lejana. «Ya les he dicho a los niños que no nos iremos el lunes y que podemos estar más tiempo en casa. Se han quedado más tranquilos», dice.

Sin embargo, no se hace demasiadas esperanzas. «Me he hecho a la idea de que tengo que dejar el piso», asegura. Para ella, el tiempo extra del que dispone le va a permitir hacer las maletas con más calma y, sobre todo, buscar algún lugar donde deshacerlas.

No hay muchas alternativas. Stop Desahucios aprovechará el plazo para negociar con el banco la posibilidad de que Soraya pueda seguir viviendo en el piso pagando una renta a la que pueda hacer frente con los ingresos que recibe de su exmarido y de las casas que limpia. Si no es posible este acuerdo, el colectivo tiene preparado un segundo plan para que la mujer sea realojada en otra vivienda.

«Los servicios sociales del Ayuntamiento de Zumarraga dicen que sus recursos están completos, pero que es posible que pronto quede una vivienda vacía», afirma Mikel Sánchez. Mientras tanto, Soraya ha rellenado todos los impresos necesarios para solicitar un piso social a Etxebide y aguarda una respuesta. No se hace demasiadas ilusiones, pero poco más puede hacer. «Quieta no estoy», asegura.

El caso de Soraya es un ejemplo de cómo se pueden torcer las cosas en la vida. Hacía frente a una hipoteca de 800 euros mensuales pero dejó de pagar tras la ruptura de su matrimonio cuando sus escasos ingresos no dieron para más. En la sala de su casa, la gran pantalla de una televisión puede ser objeto de interpretaciones. Habrá quien diga que un artilugio semejante demuestra que la mujer ha vivido por encima de sus posibilidades. Pero quizá haya quien piense que tener una gran pantalla no sirve de antídoto contra el desahucio porque la crisis económica cada vez está más cerca de todos.

Soraya es consciente de que hay gente que «está mucho peor», por eso insiste en que no pide «un piso gratis». «No me niego a pagar lo que pueda. Lo que hago es luchar por mis hijos», repite. Se trata de una batalla en la que a medida que avanzan los plazos de las hipotecas se implican más personas. Es algo que en los últimos meses ha comprobado Stop Desahucios, que ha visto cómo aumenta el número de casos que atiende. En la actualidad son catorce y todo apunta a que el número irá a más.

El tiempo conseguido por Soraya también lo ha obtenido un matrimonio con dos hijos de la localidad valenciana de Torrent que ha recibido de su banco la noticia de que su desahucio inmediato ha quedado paralizado hasta el 30 de junio para no interrumpir los estudios de los niños y dar tiempo a sus padres a buscar un trabajo.

En este caso la familia ha sido ayudada por la Plataforma de afectados por las hipotecas de Valencia, que ayer explicó que la pareja, originaria de Siria, vive en España desde hacer 30 años y tiene nacionalidad española desde hace 13. «El padre se ha quedado en el paro después de trabajar quince años en la misma empresa y no ha podido hacer frente a la hipoteca que han pagado religiosamente desde hace 13 años», señaló una portavoz de la plataforma. «La vivienda costaba cerca de 57.000 euros y ahora tienen una deuda de 170.000», afirmó.