Antes de que estallara la crisis económica, casi nadie sabía que tras un desahucio por impago de hipoteca, la persona que perdía la vivienda seguiría debiendo dinero al banco o a la caja que le había concedido el préstamo, porque la cuantía de éste no iba a ser cubierta por el precio del piso pagado en la subasta. Hay quien no tiene costumbre de leer la letra pequeña y quien la lee pero no la comprende, porque el lenguaje suele ser endiabladamente enrevesado.
Con la llegada de la crisis, los desahucios empezaron a salir a la luz. Cada día, se hacía público el caso de alguna familia que se veía en el trance de poder quedarse sin vivienda. El sentimiento de indignación comenzó a extenderse, conforme la ciudadanía iba teniendo conocimiento pleno del funcionamiento de los préstamos hipotecarios.
En enero de 2011, la Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa (Acubi), informaba de que estaba recibiendo llamadas de personas que se habían quedado en el desempleo y que no podían hacer frente a la hipoteca. Los afectados pedían consejo. No sabían qué hacer. Algunos estaban desesperados, no sólo por su propia situación, sino por lo que pudiera ocurrir con sus avalistas. Acubi les orientó e hizo públicas una serie de recomendaciones para aquéllas personas que se vieran en esa delicada situación. Los principales consejos de la asociación de consumidores fueron acudir a la entidad financiera para intentar negociar antes de que se produjera el primer impago y hacer todo lo posible por evitar la demanda judicial.
Buscar soluciones
Un año y dos meses después de aquella llamada de atención de Acubi, la plataforma Stop Desahucios habilitaba una delegación en la comarca del Bidasoa. Esta coordinadora acompañó al joven irunés Juan Carlos Infante el pasado 21 de mayo, día en el que estuvo a punto de perder su casa y apoyó al también irundarra Luis Mariano Manterola, el pasado jueves, 13 de septiembre, fecha en la que se había fijado la subasta de su piso.
En este momento, Stop Desahucios tiene «15 casos de la comarca del Bidasoa sobre la mesa», señala Bibi Liras, miembro de la plataforma. «Eso no quiere decir haya habido 15 casos. Ha habido más, pero unos se han cerrado, desgraciadamente sin una buena solución y otros se han solucionado. Cada caso es diferente».
El de Juan Carlos Infante, por ejemplo, parece ir por buen camino. El joven, que sigue viviendo en su casa de la calle Larretxipi, acudió el jueves a la concentración celebrada ante el juzgado de Irun. «Estamos negociando y tengo confianza en que se encuentre una solución. Al menos, eso espero», decía.
Stop Desahucios Bidasoa esta recibiendo «una media de una llamada al mes pidiendo ayuda. Disponemos del asesoramiento de una abogada y tratamos de acompañar a los afectados en lo que podemos», añade Bibi Liras. «Hay personas que cuando llaman no saben por dónde tirar. La Administración es complicada. Hay que hacer mucho papeleo y muchas veces la gente se bloquea. Pero en cuanto les dices por dónde ir, siguen adelante. Es importante que sepan que, por muy desesperados que estén, se pueden buscar soluciones».
Mediación institucional
En los casos de desahucio, toda ayuda es poca. Por eso, la colaboración institucional resulta esencial. Además del Servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno Vasco, Irun cuenta con un grupo de trabajo creado en el Ayuntamiento para intervenir en casos de desahucio de viviendas protegidas. Este grupo de trabajo nació de una moción presentada por EB-B, a propuesta de Stop Desahucios, que fue aprobada por unanimidad en el Pleno del pasado mes de mayo. «Irun es el único Ayuntamiento de Gipuzkoa en el que se ha constituido un grupo de estas características», señalaba Bibi Liras. «Estamos muy satisfechos por su creación y funcionamiento, ya que hasta ahora ha intervenido en el único caso en el que podía hacerlo y se ha solucionado satisfactoriamente».
Las personas interesadas en ponerse en contacto con Stop Desahucios Bidasoa pueden llamar al teléfono 688 621311 .
