MADRID. La proposición no de ley, presentada inicialmente por el PSOE, se ha aprobado con una enmienda transaccional del Partido Popular, en la que se insta al Ejecutivo a mantener la coordinación entre los Ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Nacional de Toxicología para ayudar a "hacer justicia".
Asimismo, se propone la creación de un grupo de trabajo entre los ministerios y colectivos implicados, que permita coordinar los esfuerzos y atender las demandas de las asociaciones de afectados.
En su intervención, el diputado socialista Odón Elorza, autor de la propuesta inicial, ha solicitado a la presidencia de la Comisión que vuelvan a comparecer los representantes de las asociaciones de afectados por los supuestos robos de bebés y las adopciones ilegales para explicar cómo se ha avanzado en el tratamiento de los casos denunciados, lo que ha sido bien recibido por el resto de los grupos.
Elorza ha recalcado la necesidad de atender a estos colectivos y de que por parte de la Fiscalía General del Estado se fijen unas instrucciones claras que unifiquen criterios ante las dificultades que presentan este tipo de investigaciones para quienes buscan a sus familiares.
Por su parte, la diputada del PP Susana Camarero, ha destacado la importancia de la enmienda presentada por su grupo, que resalta el compromiso de colaboración ya adquirido por el Ministerio de Justicia con los afectados y de impulsar la búsqueda de soluciones que ayuden a esclarecer los hechos.
En este sentido, ha anunciado que ya se está avanzando en la coordinación entre las distintas instituciones implicadas para investigar las denuncias, y que ya se ha hablado con la Fiscalía General del Estado de la posibilidad de que se dicte una instrucción general para todos los fiscales que establezca pautas de actuación para facilitar la unidad de criterio.
En la línea de lo avanzado ya por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, Camarero ha indicado que se realizarán aquellas pruebas de ADN que cuenten con autorización judicial y dentro de los límites legales y presupuestarios marcados, y ha recordado que el Miniserio ya ha designado un único interlocutor para recoger las demandas de los afectados.
"Se ha constatado que la vía penal no da satisfacción a los intereses de todas las víctimas", ha dicho Camarero antes de la aprobación de esta iniciativa que ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos.
En la Comisión de Justicia se han rechazado hoy otras cuatro proposiciones no de ley, entre ellas la planteada por el PNV, a la que se ha opuesto el PP, y que solicitaba abordar e impulsar la creación de los Consejos Autonómicos de Justicia previstos en los estatutos autonómicos.
También se ha rechazado otra iniciativa del diputado de IU Gaspar Llamazares, que pedía la ampliación del periodo de "vacatio legis" de la Ley de Acceso a la Abogacía, que exige la realización de un máster y un examen para colegiarse, para garantizar una formación y un acceso en condiciones de igualdad a las profesiones de abogado y procurador, que no suponga la exclusión de ningún licenciado. EFE
