En las alegaciones preliminares, la defensa de José María Bravo ha hecho hincapié en que no se ha respetado el principio de prescripción, en relación a los 297 expedientes de investigados, dado que se han investigado hechos anteriores a 1997. “¿Qué hacemos con un administrador que lleva 50 años de profesión y se le acusa de un delito de cohecho? ¿Investigamos toda su carrera profesional?”, ha argumentado.

Por su parte, la defensa de Rosa Cobos, mujer de Bravo, ha destacado la vulneración del derecho de defensa, contradicción y proporcionalidad en su disertación inicial. Ha subrayado que a su defendida no “se le comunica que estuviera siendo investigada”. Sobre la proporcionalidad ha dicho que la investigación comienza a partir de los hechos denunciados en los expedientes Azpeitia y Roria, “a partir de ahí la desproporción de la Policía es patente. Se estudian 297 expedientes de contribuyentes por hechos que no se habían denunciado”. La defensa también ha hecho hincapié que a Cobos “ni se le acusa ni se le pregunta por malversación de caudales públicos”.

La defensa de Pedro María Aristrain no ha hecho ningún alegato.

El juicio se ha suspendido hasta el miercoles para que el tribunal decida sobre las alegaciones de la defensa