Primero fue la Audiencia Provincial de Girona, que reconoció que se cancelaba la deuda por un préstamo hipotecario al quedarse el banco con la vivienda, y ahora ha sido un juez de Valladolid quien incide en esta línea. El magistrado de Primera Instancia número 8 de la capital, Antonio Alonso Martín, ha emitido una sentencia en la que no sólo admite la dación en pago, sino que no procede continuar con el embargo a una madre vallisoletana que había avalado a su hija para que ésta pudiera comprarse un piso junto a su pareja sentimental al entender que es «un abuso».
«Los bancos no tienen sentimientos, no tienen alma», incide el juez en el dictamen. Y es que la entidad financiera pretendía vender por casi el doble el piso que adquirió en la subasta y quedarse además con el de la progenitora. «Las normas se interpretan según la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, lo que nos obliga a tener en cuenta la problemática actual», explica el juez en el auto en clara alusión a la crisis económica.
La vivienda, de 68 metros cuadrados, fue comprada en el año 2008 por los dos jóvenes después de que Caja Vital les concediese un préstamo hipotecario por importe de 74.819 euros de principal, y 7.800 euros de costas. Las desavenencias entre la pareja hicieron que los titulares del piso dejasen de pagar la cuota de la hipoteca, por lo que la entidad financiera optó por iniciar el procedimiento de embargo ante los tribunales, que reconocieron su derecho a recuperar el dinero prestado.
De este modo, en subasta, la caja de ahorros se quedó con el piso de los jóvenes por el 50% del valor de tasación, que ascendía a 113.000 euros, es decir, por 56.550. Todavía quedaba una deuda de 18.269 euros. Amparándose en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -que establece que si la subasta es insuficiente para cubrir las responsabilidades, el ejecutante podrá pedir que se continúe con el embargo por el saldo pendiente de pagar-, la Caja Vital presentó ante el juez de Primera Instancia número 8 su petición para que se embargase a los dos antiguos propietarios y a la madre, que figuraba como avalista, con bienes suficientes para hacer frente a dicha cantidad.
Además del dinero que pudiera estar depositado en los bancos, esa petición incluía la mitad del piso que en régimen de gananciales tenía la madre de la joven y una finca. La Caja Vital pidió también que la Seguridad Social y el Inem informasen al juzgado sobre si los jóvenes y la madre cobraban algún tipo de pensión o prestación por subsidio de desempleo, con el objetivo de que fuesen embargados.
Paradójicamente, según figura en el expediente hipotecario judicial, Caja Vital sacó a la venta el antiguo piso de los jóvenes por un precio de 95.000 euros. En su auto judicial, el magistrado llama la atención respecto a este comportamiento, ya que mientras reclama a la madre 18.000 euros, saca a la venta el piso por 95.000 euros. En este sentido hace suyos los argumentos jurídicos de otros tribunales en los últimos meses respecto a la 'doctrina de los actos propios'. «Si el banco tasa la finca hipotecada en una determinada cuantía, no puede luego incorporar como propio el bien subastado sin darle el valor que él mismo fijó», sentencia el juez.
Valoración de Kutxabank
El vicepresidente de Kutxabank, Carlos Zapatero, aseguró ayer que es «plenamente consciente» del problema que representan los desahucios, pero indicó que la ley hipotecaria «es la que es y hay que sujetarse a ella». Ajeno a las críticas del juez Alonso y su consideración de que «los bancos no tienen alma», el máximo responsable de la Vital señaló que «cuando ha habido un problema extremo se ha analizado y se ha intentado encontrar una solución», añadió. No obstante, «las relaciones crediticias se han producido con un determinado planteamiento al que hay que atenerse». Lo que no significa que la entidad sea «absolutamente fría y poco sensible» respecto a esta cuestión.
