La asociación SOS Bebés Robados se concentró ayer en Bilbao para protestar por la decisión del magistrado de dar carpetazo a un total de cuatro denuncias en Bizkaia durante las dos últimas semanas por considerar que los delitos han prescrito. La decisión ha sido muy criticada por el colectivo ya que consideran que lo que se está juzgando es «un crimen de lesa humanidad» y que sus familiares, además, «aún están vivos». El colectivo denuncia además que la decisión va en contra del criterio de la Fiscalía Superior del País Vasco quien afirma que en este asunto «no existe prescripción alguna».
Durante la concentración, que tuvo lugar en frente de los juzgados de la villa y que fue apoyada por más de cincuenta personas, se instó a investigar hasta el final todos las acusaciones. Del mismo, la presidenta de la agrupación, Flor Díaz, aprovechó la presencia de los medios para poner en entredicho la prometida ayuda institucional. «Seguimos sin saber dónde están los historiales médicos y los legajos de abortos», denunció Díaz. «Además, los cementerios están poniendo impedimentos a la hora de facilitar documentación».
Más de 200 denuncias
Mientras que solo en Euskadi se han presentado más de 200 denuncias -123 en Gipuzkoa, 48 en Bizkaia y 31 en Araba-, en toda España la cifra sobrepasa las 1.300. Sin embargo, la agrupación apuntó que «su número no para de crecer». En este sentido, el fiscal general del Estado, Torres Dulce, anunció el nombramiento de un «fiscal de coordinación» que dé respuesta a las demandas de las familias afectadas por el secuestro de niños durante el franquismo. De esta forma, se pretende unificar las diligencias abiertas por las distintas acusaciones del Estado y canalizar todo de una forma mejor. «Se trata de despejar cualquier duda a la ciudadanía ante actividades delictivas que en el pasado puedan haber producido estos desgarros familiares absolutamente intolerables», afirmó.
Maite Aira fue una de las personas que se sumó a la protesta. Su hermano presentó una de las más de 200 denuncias interpuestas en Euskadi por este asunto pero también ha sido archivada. Aira explicó cómo en 1980, cuando su hermano y su novia eran menores de edad, tuvieron un hijo en el Hospital de Basurto. «Fue todo muy extraño; la madre no puso ningún interés en ver al bebé, pero mi hermano se empeñó y pudo ver al niño. Aunque él mantiene que parecía sanísimo, a los cinco días murió y no pudimos ver el cadáver», explicó. «Su nacimiento no figura en el registro porque les recomendaron inscribirlo como muerto con el argumento de que no iba a sobrevivir», recordó. «Cada vez tenemos más claro que ese niño salió vivo del hospital», defendió.
Bizkaia es el territorio donde más casos de prescripción se han dado. «Aquí, dos jueces consideran que han prescrito los casos ateniéndose al Código Penal; empiezan a contar el tiempo desde el momento en el que el bebé desaparece cuando nosotros pensamos que debería empezar a computarse a partir de que la persona ha sido secuestrada», indicaron. La asociación se concentrará esta tarde a las 17.00 horas en la plaza del Buen Pastor de Donostia, como cada primer sábado de mes.
AL DÍA
03.03.12 - 01:45 -
Maite Berenguer (Bilbao, 1960) es una de las afectadas por los casos de los robos de bebés cuya denuncia se ha archivado por haber prescrito. Siempre pensó que había sido adoptada hasta que descubrió que la madre que la había criado -que nunca tuvo hijos propios- también figuraba en el legajo de nacimiento firmado por la comadrona como progenitora biológica. Esto le hizo sospechar de que podía ser una de los pequeñas sustraídas por la trama. Berenguer aprovechó ayer una protesta convocada en Bilbao en contra de los carpetazos de estos casos por prescripción para autodefinirse como «una niña apropiada, con documentación falsa». Según relató, nació «en un domicilio particular y nunca tuvo hermanos». Cuando surgió la asociación SOS Bebés Robados no lo dudó ni un instante. Buscó su documentación y el pasado 18 de febrero presentó una denuncia que fue archivada por el juez al considerar que la debería haber interpuesto antes de cumplir los 18. «Con esa edad yo no sabía nada. Es demencial que den por concluido mi caso porque la comadrona que firmó los papeles está viva y ni siquiera la han citado a declarar», resaltó.