IRUN - El grupo municipal Sí Se Puede Irun (SPI) ha hecho llegar al Ayuntamiento sus aportaciones para mejorar la instrucción para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública municipal, entre las que destacan aspectos como ”extender esta normativa a todas las entidades y organismos participados por el Ayuntamiento de Irun, como son la sociedad de vivienda Irunvi, la agencia de desarrollo Bidasoa Activa o la Mancomunidad de Txingudi, entre otros”.
Así lo indicó la propia formación a través de una nota en la que dio a conocer las propuestas que ha hecho para mejorar la normativa que prepara el Ayuntamiento de Irun, y que fueron presentadas en el registro municipal ayer mismo.
SPI señaló que “las cláusulas sociales son una herramienta vital para mejorar los servicios que ofrece el Ayuntamiento y darles un componente de justicia social”, para lo cual hacen diversas aportaciones.
La primera se refiere a “extender el ámbito de aplicación de la instrucción sobre cláusulas sociales a todas las entidades participadas por el Ayuntamiento de Irun, como Irunvi, Bidasoa Activa o la Mancomunidad de Servicios de Txingudi”, y desde SPI se propone también “exigir, en la fase de preparación de las licitaciones, declaraciones responsables que corroboren la solvencia social de las empresas, de manera que solo puedan licitar con el Ayuntamiento de Irun empresas que vengan demostrando periódicamente un compromiso social y no incurran en prohibiciones de contratar”.
BAREMAR Y SANCIONAR De cara a la fase de adjudicación de los contratos públicos municipales, SPI entiende “necesario establecer un criterio de baremación que marque, de manera fija, qué porcentaje representarán las cláusulas sociales en el momento de adjudicar” y para la fase de ejecución de los contratos, la formación auspiciada por Podemos añade, en sus propuestas de mejora para la instrucción, “la posibilidad de rescindir contratos en caso de incumplimiento de las cláusulas sociales, así como un régimen sancionador”.
Además, junto a la extensión de las cláusulas sociales a las entidades participadas por el Consistorio, SPI propone también extender estas “a otros contratos, como los de suministros, primando, por ejemplo, el suministro de energía, comida, bebida o ropa de comercio justo”, así como “cláusulas sociales en lo relativo al acceso a las tecnologías, atendiendo a las personas con diversidad funcional”.
Para todo esto, SPI hace referencia a las normativas elaboradas por instituciones como los ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, Sevilla, Gasteiz, Bilbao o Barakaldo, además del Gobierno de Illes Balears
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