10 marzo 201600:05
El primer teniente de Alcalde, Miguel Ángel Páez, ha anunciado que el Ayuntamiento ha realizado un análisis de las «cláusulas sociales en diversas contrataciones de servicios y suministros municipales» con el objetivo de «dar más pasos» en esa línea.
Páez, que quiso recordar que Irun fue un municipio «pionero» con la introducción de «la cláusula social en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos en 2003», señaló que tras analizar la situación actual «vamos a abrir una reflexión de la mano de todos los grupo políticos para intentar extender las cláusulas sociales en las contrataciones municipales en la medida de lo posible». El teniente de alcalde explicó que el sentido de las cláusulas sociales «es muy amplio y se entiende por cláusula social aquella que, en los procesos de contratación pública, queda establecida para la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión, de personas con diversidad funcional, para la promoción de la calidad y la estabilidad en el empleo, la mejora de la capacitación gracias a la formación, el fomento de la igualdad, la seguridad laboral, la conciliación y una mejor accesibilidad de personas con algún tipo de discapacidad».
Aplicación creciente
Páez aprovechó el anuncio de esta reflexión sobre cómo extender las cláusulas sociales para recordar que «en el Ayuntamiento de Irun se lleva años apostando por la inclusión de cláusulas sociales en muchos de los contratos de las diferentes áreas y en fases diferentes de los procedimientos».
Así, enumeró algunos de los servicios contratados bajo esta premisa, «por ejemplo, los que actualmente están restringidos a centros especiales de empleo como la Jardinería Municipal, donde trabajan más de 30 personas, o el servicio de atención del 010, con cinco trabajadores». Este tipo de contrato reservado a centros especiales de empleo se ha llevado también «al transporte adaptado; la limpieza de ropa, el servicio de alimentación, la asistencia y la recepción de Ama Xantalen; el servicio de ayuda a domicilio y el servicio asistencial y de recepción de los apartamentos Lekaenea». Una de las cláusulas sociales más extendidas «es la de subrogación para garantizar la estabilidad del trabajo de las personas», destacó Páez, que cifró en «más de una veintena» los contratos municipales incluyen esta particularidad.
«También existen condiciones especiales en la contratación de algunos servicios por perspectiva de género, como en el programa de dinamización para mayores de San Miguel, o para favorecer la contratación de desempleados, que aparece en el servicio de ayuda a domicilio y en la atención a viviendas comunitarias de personas mayores», añadió.
