La población menor de 15 años de Euskadi en riesgo de pobreza grave se ha incrementado un 77% en los últimos cuatro años, al pasar de un 3,5% a un 6,2%. Además, 35.000 niños viven en hogares con problemas para cubrir sus necesidades básicas, según un estudio del Defensor del Pueblo vasco-Ararteko sobre el impacto de la crisis en la infancia.
La investigación, presentada este martes en Vitoria por el propio Ararteko, Iñigo Lamarca, se ha elaborado a partir de 57 indicadores que reflejan que, por dependencia económica, social y legal, los niños es uno de los sectores "más expuestos" a las repercusiones de la crisis.
El estudio, titulado 'El impacto de la crisis en la infancia: la realidad vasca' señala que algo más de 35.000 niños menores de 15 años (11,7%) viven en hogares que se encuentran en riesgo de no poder cubrir sus necesidades básicas, dos puntos y medio más desde que comenzó la crisis.
Los indicadores utilizados en el informe indican que en la comunidad autónoma la proporción de población menor de 15 años en riesgo de pobreza grave (por debajo del 40 por ciento de la mediana de ingresos) ha pasado del 3,5% en 2008 al 6,2% en 2012, lo que supone un incremento de más del 77%. Aunque esta cifra es inferior a la media estatal, el crecimiento de la pobreza entre los niños ha sido más intenso en Euskadi que en el conjunto de España.
La tasa de pobreza relativa en este colectivo --la que tiene en cuenta el umbral del 60% de la mediana-- también es inferior en Euskadi , puesto que la media estatal es de un 25,9%, mientras que en la comunidad autónoma se sitúa en el 16,1% de la población menor de 15 años.
Algunos de los hogares en los que viven están especialmente expuestos a la pobreza, según el estudio. Entre ellos, se encuentran los monoparentales, los hogares encabezados por una persona de nacionalidad extranjera o aquellos cuya persona principal tiene baja cualificación o es menor de 35 años.
Gastos de primera necesidad
Casi un 17% de la población vive en hogares que han tenido que reducir gastos de primera necesidad, el doble de personas que hace cuatro años. Además, desde 2008 casi se ha duplicado el porcentaje de personas que se han abastecido de prendas de segunda mano.
Por otra parte, casi el 17% de los hogares vascos llegan a fin de mes con dificultad o mucha dificultad, En 2011, dos de cada diez familias no podía hacer frente a gastos imprevistos, casi dos puntos porcentuales más que un año antes. El informe indica que el 12,9% de la población vive en hogares que han tenido que pedir dinero a familiares, amistades o instituciones, el doble que en 2008.
Asimismo, casi tres de cada diez familias con vivienda en propiedad no pagada destina a gastos relacionados con ella más del 30% de sus ingresos, y seis de cada diez de quienes viven en alquiler se encuentran en la misma situación.
Protección social
Los indicadores analizados muestran que el 5,9% de la población tiene problemas de impagos o atrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda. Además, en torno al ocho por ciento de las familias tiene a todos sus miembros activos en paro y el porcentaje de familias que no pueden permitirse una comida con proteínas al menos cada dos días ha aumentado.
El Ararteko destaca en este trabajo que hasta el momento, el Sistema de Garantía de Ingresos "parece haber tenido un impacto positivo" en la contención de las tasas de pobreza de Euskadi. Por ese motivo, ha asegurado que "cuanto mayor sea la crisis, mejor tiene que ser el sistema de protección social", ya que solo así podrá garantizarse la cohesión social.
Esta institución ha alertado de que "las carencias materiales posicionan a la infancia en una situación de desventaja y vulnerabilidad futura que puede afectar a su desarrollo educativo, social y laboral".
Por ese motivo, ha afirmado que "resulta clave tener en cuenta a la infancia en la toma de decisiones ante los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, no sólo por su propio desarrollo y bienestar, sino también por el de la sociedad en su conjunto, para la que el coste futuro puede ser muy elevado". Como ejemplo de las posibles repercusiones de este problema, avisa la reducción del "nivel de competencias" de la ciudadanía, menor productividad, menor cohesión social, mayores tasas de desempleo, elevados costes en el sistema de protección o una "merma" del sistema educativo y sanitario.
