La Asamblea Bidasoa de Ezker Anitza-IU mostró ayer su preocupación por las manifestaciones del Ayuntamiento de Irun en referencia «al supuesto coste que atribuye a la retirada de carteles de puntos denominados por él como 'no autorizados'». Los representantes de la formación política en la ciudad, Proko Gómez y José Manuel Álvarez, expresaron su desacuerdo con el Gobierno local porque, «de manera irresponsable, eleva a la categoría de vandalismo lo que sólo son expresiones públicas de asociaciones, organizaciones y particulares que carecen de otras formas de dar a conocer a la ciudadanía sus opiniones o convocatorias. El Ayuntamiento vive fuera de la ciudad», señaló Gómez, «si pretende que los 35 paneles de escasa dimensión colocados en las calles pueden responder las necesidades de expresión de asociaciones, partidos, sindicatos y particulares de una ciudad de 61.000 habitantes».

Para Ezker Anitza, «los paneles están quedando obsoletos» y solicitó su «renovación, dotándolos de mayores dimensiones». También recriminó que «hay veces que los carteles colocados no duran ni un día, bien por vandalismo, bien por el exceso de celo de los servicios de limpieza».

La coalición se preguntaba también «cómo calcula el consistorio el gasto concreto cuando es parte del mantenimiento y limpieza general», entendiendo que «estará incluido en la partida para ello». Calificaba las posibles multas de desmedidas por «colocar un cartel». Apelaba al «sentido común del Gobierno» para discutir la pertinencia de «multas de entre 751 y 1.500 euros a quien coloca carteles», que reconocen que puede ser antiestético, pero sólo son carteles». Comparándolo con «la 'Ley Mordaza' que prepara el ministerio de Interior», pidió al PSE de Irun «que no siga esa senda de recorte de derechos de expresión».