En cuanto el Gobierno central dio a conocer las claves del real decreto donde se recogen las medidas para intentar suavizar el problema de los desahucios, los vascos detectaron que allí aparecían cifras absolutamente extrañas para el mercado inmobiliario de Euskadi. Así, el texto incluye la dación en pago del piso para zanjar la hipoteca en función del número de habitantes del municipio, con un valor máximo de la casa de 200.000 euros. En el País Vasco esta cifra baja a 150.000 euros. «Esta cuantía nos deja totalmente excluidos a quienes padecemos este problema en Euskadi», criticó ayer la portavoz de la plataforma Stop Desahucios en la comunidad, Marta Uriarte. Según los cálculos del colectivo, «menos del 1%» de los afectados por este problema en Euskadi tienen un piso con un precio inferior a esos 150.000 euros.

Hay que matizar que el real decreto donde se regula el código de buenas prácticas -de voluntaria suscripción para las entidades financieras- ofrece varias posibilidades. Las familias sin ingresos que vivan en ciudades con más de un millón de habitantes podrán entregar el piso al banco para saldar su deuda si tiene un valor inferior a 200.000 euros; la cifra baja a 180.000 para poblaciones con más de medio millón de residentes, y a 150.000 en las de más de cien mil empadronados (en este apartado se encuentran las tres capitales vascas y Barakaldo). Para las poblaciones más pequeñas, el valor máximo del inmueble es de 120.000 euros.

«En Euskadi nos vemos absolutamente perjudicados por estos ratios económicos», abunda Uriarte. No hay más que echar un vistazo a las estadísticas que maneja el Gobierno Vasco. Según la encuesta sobre oferta inmobiliaria del cuarto trimestre de 2011, un piso libre en la comunidad autónoma cuesta, de media, 335.200 euros. Así que, en la práctica, la medida que recoge el decreto es inaplicable salvo para el pírrico 1% de los casos que mencionaba Stop Desahucios. En el resto de España el porcentaje es mayor pero, aún así, se quedaría, según las mismas fuentes, en un escaso 15%.

El «café para todos» que critican desde la plataforma de afectados sería fácilmente subsanable si se adaptaran los requisitos a la realidad de cada territorio, porque el precio del ladrillo no es igual aquí que en Galicia o Extremadura. «Creemos que se debe subsanar este problema y reformular el precio de la vivienda en función de la zona», insiste Marta Uriarte, «porque aquí esos precios son absolutamente irreales». Y a eso le acompaña una «situación catastrófica» ya que cada día seis familias vascas son desahuciadas por no ser capaces de pagar la hipoteca. «Antes del verano se echará a mil familias de sus casas».

Para intentar reconducir la situación, desde Stop Desahucios piden al Gobierno Vasco que «hable» con el Ejecutivo central y presione para modificar «los ratios económicos». ¿Qué opinan desde Lakua? Ni la consejería de Vivienda ni la de Justicia, ambas implicadas en la búsqueda de soluciones al problema de los desahucios, quisieron ayer pronunciarse.

Fuentes del Ejecutivo de Vitoria se remiten al plan autonómico que están preparando y que pasa, esencialmente, por impulsar la mediación entre afectados y entidades financieras. Un proyecto este que, igual que el presentado desde Moncloa, sigue dejando a bancos y cajas la última palabra a la hora de obligarse o no a aceptar una solución menos desgarradora para los damnificados.

De hecho, el clima no es muy favorable en este sentido. Ya el viernes la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) recordaron que, en la actualidad, ya aplican medidas como las impulsadas por las administraciones para evitar echar a familias de sus casas, solución drástica que, aseguran, sólo llega en supuestos en los que no hay otra salida. Es más, criticaron al Gobierno por hacerles cargar con una especie de servicio social que no es competencia suya.

Mientras, las principales asociaciones de consumidores y usuarios calificaron de «parche insuficiente» la regulación del Gobierno y pidieron cambios legales «de envergadura». Desde el arco político tampoco se saludó con entusiasmo al real decreto que recoge el código de buenas prácticas: el PSOE lamentó que las medidas, por restrictivas, no evitarán desahucios, y CiU recordó que al final, todo dependerá de las entidades financieras.

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El Ejecutivo central dice que el decreto «aprieta» a la banca