Los presuntos casos de bebés robados que se investigan en los juzgados de Gipuzkoa encallan en «un callejón sin salida». Más de dos años después de que se interpusieran las primeras denuncias por estos supuestos hechos, ocurridos en los hospitales del territorio durante el franquismo y los primeros años de la democracia, apenas se ha podido avanzar en las investigaciones. De hecho, la mitad de las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Gipuzkoa se han archivado ya. El sobreseimiento de la mayoría de expedientes se debe a la «ausencia de pruebas», aunque también hay causas que se cierran después de comprobar que no existió delito alguno, como es el caso de dos denuncias que derivaron en exhumaciones en las que hallaron restos óseos, cuyo análisis coincidió con el ADN de las familias. Otros casos, como el de la familia donostiarra Losa-Ocáriz, siguen abiertos.

A fecha de hoy, la Fiscalía de Gipuzkoa ha tramitado 200 denuncias por presuntos casos de bebés robados. Según fuentes consultadas, el Ministerio público apenas recibe ya nuevos expedientes, que luego son trasladados a los juzgados para su investigación.

De los que se han tramitado hasta ahora, la mayoría no ha prosperado. Los juzgados han decidido archivar ya 94 de las 200 denuncias interpuestas y el futuro de los que todavía quedan abiertos no es lo que se dice esperanzador. En los últimos meses, además, se ha acelerado el archivo de causas. Si hasta octubre tan solo se habían sobreseído 37 casos, en los tres siguientes meses se han archivado 57.

Tanto la Fiscalía como los juzgados investigan documentos, toman declaraciones, en determinados casos se llevan a cabo exhumaciones... Pero el resultado habitual es el mismo: el archivo temporal de la denuncia «por falta de pruebas», según las fuentes consultadas.

En la mayoría de los casos, no se han podido autorizar las exhumaciones. «Como el 80-90% de las denuncias se refieren a enterramientos en fosas comunes, esa posibilidad está vedada. Tan solo se pueden recabar documentos y tomar declaraciones, algo que no conduce a ninguna parte y tiene una eficacia muy limitada. Hay gente mayor, gente que ha muerto, otros con Alzheimer, otros que sencillamente dice que no recuerdan... En estos delitos se necesita una prueba científica de que la sustracción se produjo», añaden las fuentes consultadas.

En el caso de las exhumaciones practicadas –hasta ahora 6 en Gipuzkoa–, «el hecho de que se estén hallando restos óseos y que –en dos casos– coincidan con el ADN de las familias, es indicativo de que allí no se produjo delito, de que no hubo sustracción de recién nacido. Afortunadamente, se elimina la incertidumbre», aseguran las fuentes consultadas. Incluso, se han dado casos de personas que denuncian robos de bebés y, tras indagar, «se descubre que la madre lo dio voluntariamente en adopción, algo que consta en documentos firmados por la propia madre».

Casos abiertos

Pero no todos las denuncias se archivan. Entre los expedientes que continúan abiertos, destaca el de la familia Losa-Ocáriz. Tras interponer la denuncia, a comienzos del año pasado se procedió a la apertura de un panteón familiar, con el resultado de que los forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal no hallaron restos óseos de la pequeña enterrada presuntamente allí en 1977. No obstante, según fuentes consultas, en la apertura del panteón sí se encontraron unos restos, que ahora se están analizando en el Instituto Nacional de Toxicología, para comprobar si contienen o no «restos microscópicos biológicos», añaden las mismas fuentes.

Sin juicios ni imputados

La última circular del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, no ha afectado al trabajo de la Fiscalía de Gipuzkoa, que ya estaba aplicando las directrices que se indicaban. Los fiscales de Gipuzkoa siempre han recurrido los expedientes archivados con la prescripción de los hechos como argumento. Además, según las fuentes consultadas, el ministerio público remite a los juzgados las denuncias para su investigación «en cuanto hay un mínimo indicio» y se investiga «en el sentido más favorable a la denuncia, como si el delito se hubiera producido, con el fin de agotar todas las posibilidades».

Respecto a la posibilidad de que los propios fiscales puedan ordenar exhumaciones, las mismas fuentes aseguran que se trata de «algo manejable en fiscalías en las que hay 5 o 6 procedimientos. En el caso de Gipuzkoa, con 200 denuncias, es más razonable que se distribuya entre todos los jueces del territorio».

Con este panorama, que se llegue a abrir un juicio por un presunto robo de bebé es «casi imposible», añaden las fuentes jurídicas. «En Gipuzkoa no hay ninguna persona imputada formalmente porque en ningún caso se ha llegado a la convicción de que el delito se ha producido», añaden.