El Pleno de la Corporación trató el miércoles dos mociones sobre la situación en Cataluña que prácticamente monopolizaron la sesión. Mientras los asuntos de gestión municipal (algunas daciones de cuenta y dos dictámenes) requirieron 19 minutos, el debate sobre las mociones superó la hora y media. Fue, además, una discusión bronca, repleta de acusaciones cruzadas, en la que todos los grupos tenían algo que echar en cara a alguien.

Se aprobó la moción que suscribían SPI, EAJ-PNV y EH Bildu, con los votos a favor de estos grupos y los votos en contra de PSE y PP. La que llevaron los socialistas decayó con una votación inversa. Desde Bildu quisieron agradecer la disposición negociadora de los jeltzales y de SPI, «no ha sido fácil, pero hemos sabido llegar a un acuerdo histórico», dijo Jokin Melida. Miguel Ángel Páez (PSE), afeó a los abertzales, precisamente, que ellos no hubieran sido invitados a negociar y justificó su voto en contra porque «nos quieren hacer ver que infringir la ley no tiene consecuencias». Su homólogo jeltzale, Xabier Iridoy, rechazó que se quisiera dejar a los socialistas fuera del consenso alegando que «antes de suscribir el texto, se lo hicimos llegar a nuestro socio de Gobierno para que pudiera completarlo». Iridoy fue el único que en sus intervenciones amplió el ámbito territorial de la moción, referida en exclusiva a Cataluña, para exigir que se reconozca «la existencia de dos naciones, Euskadi y Cataluña, que quieren decidir su futuro, en democracia y libertad, eso sí, con garantías». Juana de Bengoechea (PP), defendió que la actuación del Gobierno central está siendo en «defensa de las leyes, de la legalidad», que los independentistas han fracturado, mientras desde SPI, David Soto aseguró que «la solución a un problema como éste no puede venir por la adhesión en exclusiva a la ley y el marco legal vigente. Tiene que resolverse con política».

Con la moción aprobada, el Ayuntamiento, entre otras resoluciones, rechazó «la intervención por la vía de hecho de la autonomía catalana y la operación policial del Estado» con registros y detenciones e instó al Gobierno central a «desistir en su estrategia represiva». Rechazó que 700 alcaldes sean llamados a declarar y que sean imputados por «poner en práctica un derecho» y pidió «respetar los procesos de decisión libremente expresados por la ciudadanía catalana». Se solidarizó «con el pueblo de Catalunya y sus instituciones» y aprobó colocar la bandera catalana en el balcón municipal hasta el domingo. El alcalde ordenó ayer su instalación, «respetando las limitaciones de la Ley de Banderas», para cumplir el mandato del Pleno «en aras del consenso y como símbolo de apoyo a los catalanes, que tienen por delante un fin de semana complicado».