La Ordenanza de Actividades Eventuales se presentó en julio en una reunión a la que se convocó a «las más de 200 asociaciones registradas en el Ayuntamiento», indicó ayer el teniente de alcalde, Miguel Ángel Páez. Una reunión más técnica que política en la que hablaron más los funcionarios que los cargos electos. Aunque al final de la sesión representantes de tres de las más de treinta entidades que acudieron mostraron sus dudas y pidieron reuniones aclaratorias, no parecía que éste fuera ser un tema polémico. Pero lo está siendo.

El grupo municipal de Ezker Batua pidió que se ampliara el plazo de alegaciones, y se extendió hasta el 15 de este mes. Bildu lamentó el proceso de participación seguido, advirtiendo que no se correspondía con lo que ellos entienden por tal, y solicitó parar la Ordenanza y empezarla de cero. Ezker Anitza, partido sin representación en el consistorio, se sumó a lo dicho por Bildu, añadiendo que la nueva Ordenanza «dificulta la obtención de los permisos necesarios para el desarrollo» de actividades en la vía pública. El penúltimo capítulo lo escribieron a principios de semana 15 entidades que llevaron al SAC su propuesta de retirar el borrador actual y abrir «un proceso de participación real», criticando diversos aspectos del documento. Bildu se sumó a ellos ayer para reiterar su propuesta. «Queda claro que el Gobierno no facilita a los ciudadanos los cauces de participación que debería», señalaba.

Ayer, Páez se expresó al respecto. «La Ordenanza llega porque el Ayuntamiento tiene la competencia, aunque hasta ahora se regulaba por una circular interna entre los distintos departamentos municipales implicados en los permisos a actividades».

Como los técnicos explicaron en en julio, el actual «es un sistema farragoso, para los organizadores de la actividad y para los propios técnicos». «Iniciamos el proceso de la Ordenanza con un doble objetivo: asegurar la seguridad en las actividades eventuales en vía pública y facilitar la tramitación de permisos, especialmente las más sencillas, que son entre el 80% y el 90% de las que se organizan cada año», apuntó Páez. «Hablamos de cosas como el Concurso de Bacalao al pil pil». El otro 10% son casos especiales, muy puntuales, «como un circo, etcétera».

Ahora mismo, un evento sencillo «requiere trámites con distintos departamentos. La nueva Ordenanza permitirá llevar todo al SAC», anunció. Según explicaron los técnicos en julio, «se creará un inventario municipal de instalaciones», así que, lo que no cambie de un año a otro ya no requerirá de 'papeleo' extra. Se rellenará una ficha con los elementos ya catalogados que se van a usar «y con un responsable y un seguro de responsabilidad civil. Que son cosas que siempre se han pedido, por una cuestión de seguridad básica. No puede ser de otra manera», advertía Páez. Con el impreso cumplimentado «el permiso podría llegar en 10 días».

También respondió a las críticas directas. «Las licencias de actividad en vía pública las da Alcaldía por Ley, y ésta lo suele delegar en otras áreas del Ayuntamiento. Esto no es nuevo. Se ha hecho siempre y sin ningún problema. Y los permisos son en precario, es decir, temporales. Si no lo fueran, estaríamos privatizando el suelo público. No creo que nadie quiera eso». Aseguró que «no estamos cercenando derechos con esta Ordenanza, porque ni queremos hacerlo ni podríamos, porque eso se regula con Leyes de rango superior, vascas o estatales».

Sobre el proceso de participación recordó que «se envió el borrador a todas las asociaciones, se han habilitado diversos modos de hacer llegar propuestas, se han convocado dos reuniones, se ha dado toda la información que las asociaciones nos han pedido. Y vamos a introducir cambios que nos han pedido. Por ejemplo, el silencio administrativo no será desestimatorio: se contestará a todo. Los plazos del procedimiento abreviado los vamos a reducir a 10 días si toda la documentación está presente». En las quejas de los otros grupos y partidos y de las 15 entidades que presentaron su escrito al SAC Páez ve «otras intenciones. Son un colectivo ideológicamente muy localizado, muy determinado».

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Irun, Juana de Bengoechea, ha dado a conocer su valoración del estado de ejecución del paquete de enmiendas que su grupo introdujo en el presupuesto municipal de 2013. «Es una realización suficiente, aunque a tres meses de acabar el año, no es óptima».

Bengoechea admitió que dado que las cuentas públicas del municipio se aprobaron en febrero, «hay que dar un margen al Gobierno. Sabemos que gastar dinero», en el sentido de concretar las inversiones previstas, «es laborioso, requiere trabajo». En mayo, el PP ya fiscalizó el estado de ejecución de las 40 enmiendas que incorporó y «ha habido avances».

Pese a esa satisfacción moderada, la portavoz popular quiso lanzar algunos mensajes al Gobierno. «Tiene por costumbre hablar de lo que hace como si fuera suyo, y no siempre lo es. Este año no se podría hacer nada en Artia si no fuera por la enmienda de 60.000 euros que metimos», puso como ejemplo. También advirtió que «el Gobierno debería empezar por ejecutar las propuestas de la oposición y de los ciudadanos, no dejarlas para el final. Porque, si no, cuando dentro de un par de meses se ponga a preguntar a unos y otros por enmiendas al nuevo presupuesto, le dirán que empiece por hacer lo que no ha hecho aún del de este año».