El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha anunciado este martes que el próximo año se pondrán en marcha varios proyectos piloto de "trabajo en beneficio de la comunidad" por parte de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos ( RGI ).
Aburto ha adelantado esta experiencia en su comparecencia en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco, en la que ha presentado un estudio reclamado el pasado mes de febrero por la Cámara de Vitoria a través de una enmienda transada entre PNV, PP y PSE-EE sobre la posibilidad de activar el artículo 19 de la ley que modificó aspectos de la RGI .
Este artículo establece la previsión de que los perceptores de la RGI hagan "trabajos en beneficio de la comunidad" cuando de forma extraordinaria sean requeridos por la Administración, y con excepciones como sería el caso de los menores de 23 años que estén estudiando, de los titulares de invalidez absoluta y de los que determine Lanbide.
El informe del Departamento analiza el encuadre jurídico-normativo de la obligación de disponibilidad para la participación en estos trabajos. También repasa cómo se trata esta materia en los países europeos del entorno.
En los tres territorios
Fruto de este análisis, en el que se pone de manifiesto la dificultad de cumplir con el citado artículo legal, el Departamento ha admitido una de las recomendaciones del mismo y va a poner en marcha en el primer semestre de 2014 experiencias piloto en los tres territorios.
Estas experiencias, todavía sin definir, estarían dirigidas a hacer "un diseño mas realista" que pueda facilitar una generalización de estos trabajos que, en estos momentos, según el consejero no es factible.
Aburto ha dicho que ha optado por estas pruebas porque las altas tasas de desempleo y el elevado número de demandantes de prestaciones hacen "difícil" asumir su generalización.
"Las prioridades de Lanbide están volcadas en la gestión adecuada de la RGI e incluir esto con carácter genérico sería difícilmente asumible sin que llegase a producir un colapso (en Lanbide)", ha precisado.
En este sentido, ha explicado que el estudio concluye que la "indefinición" del texto normativo hace que existan "dudas interpretativas" sobre el mismo hasta el punto de que si se toma en cuenta de manera literal "sería de muy difícil aplicación".
Así, ha advertido de que según el ordenamiento jurídico el término "trabajos en beneficio de la comunidad" es de "naturaleza estrictamente penal", ya que está contemplado como penas sustitutivas de arrestos o multas.
Por ello, el estudio repasa otras definiciones, como "los trabajos de colaboración social", que también rechaza porque su incumplimiento lleva aparejada sanción, o la de "actividades de interés general", también descartada por su carácter voluntario.
Aburto ha señalado que, por tanto, lo adecuado sería diseñar una "figura específica". Como ejemplos, ha indicado que podrían denominarse "actividades de participación social en beneficio de la comunidad" o "actividades de participación social de interés de la comunidad".
¿Obligatorio?
En cuanto a su obligatoriedad, ha apuntado que el estudio plantea que, en todo caso, podría ser una obligación sólo para las personas perceptoras de RGI en cuyo convenio de inclusión activa se hubiera incluido esta posibilidad.
Asimismo, se ha posicionado en contra de que las personas que complementan sus bajos salarios con la RGI tengan que participar en estas actividades.
Tampoco es fácil definir la naturaleza de estas actividades y el estudio pone sobre la mesa ámbitos como la participación social, la intervención social, la ecología, el ocio o la rehabilitación de espacios urbanos o edificios públicos, entre otros.
Queda prácticamente descartada la emergencia y la protección social, ya que las situaciones de riesgo y meteorología adversa requieren una formación específica y personal estable. Además, el informe constata que en Euskadi hay recursos suficientes para ello.
Además, no podrán tener un efecto sustitutivo de otros puestos de trabajo. Las entidades más idóneas para diseñar y ejecutarlas son, a su juicio, las enmarcadas en el tercer sector, el de los servicios sociales.
