El Parlamento Vasco ha abierto sus debates esta décima legislatura con la tramitación de una proposición no de ley de EH Bildu, la primera iniciativa que se registró bajo el mandato del lehendakari Iñigo Urkullu, pocos días después de que una mujer se suicidara en la localidad vizcaina de Barakaldo cuando iba a ser desahuciada.
GASTEIZ. A la iniciativa original han presentado enmiendas conjuntas el PNV, PP y UPyD, que es la que ha sido aprobada, y por otro, EH Bildu con el PSE-EE, rechazada por los grupos anteriores.
Una de las diferencias de ambos textos, que también recogen propuestas coincidentes, es que la coalición abertzale y los socialistas planteaban medidas concretas hacia las entidades financieras y la aprobada hace hincapié en las reformas legales.
La de EH Bildu y el PSE-EE también pedía una reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil para que mientras que las entidades financieras reciban dinero público se suspendan todas las subastas y ejecuciones de viviendas habituales.
La resolución aprobada con los votos del PNV, PP y UPyD insta al Gobierno Vasco a activar sus recursos en materia de vivienda para atender a los desahuciados de su residencia habitual y dé prioridad a su acceso a programas de viviendas en alquiler social.
También pide a las entidades financieras a que suspendan temporalmente de los desahucios a quien no pueda hacer frente al pago de la hipoteca por la pérdida de empleo o la caída de ingresos y reclama al Ejecutivo autonómico a que en función de las decisiones que adopten los bancos sobre los desahucios "revise las relaciones económicas, institucionales y de colaboración" con cada uno de ellos.
El Parlamento pide fórmulas de colaboración entre las instituciones y las entidades financieras para poder establecer un programa de ayudas a las familias incursas en procesos de desahucios "de extrema gravedad".
La Cámara Vasca ha acordado asimismo instar al Gobierno de España a decretar una "moratoria hipotecaria transitoria" con el objetivo de evitar que tengan que abandonar su vivienda habitual quienes no puedan hacer frente al pago sus hipotecas por la pérdida de recursos.
Pide al Gobierno español que continúe con las modificaciones legales para poner fin a situaciones de indefensión y desprotección de los afectados por desahucios y para articular un procedimiento extrajudicial de liquidación ordenada de las deudas en el que se incorporen alternativas que garanticen la permanencia en la vivienda.
EH Bildu y el PSE-EE han defendido un texto en el que también instaban al Gobierno de España a que decrete una "verdadera moratoria hipotecaria" de, al menos, dos años para evitar desahucios y han instado a las Cortes a que acometan las modificaciones normativas para poner fin a la situación de desprotección de las familias afectadas.
En su iniciativa pedían que en las reformas legales se amplíen las posibilidades de dación en pago y que se determine que "todas las entidades financieras que hayan recibido o reciban ayudas públicas queden obligados a aceptar la entrega de la vivienda a cambio de la cancelación completa de la hipoteca".
También pedían al Gobierno vasco que revisase los convenios que tenga firmados con las entidades financieras que actúan en la Comunidad Autónoma para que no ejecuten ningún desahucio sin pasar antes por el servicio de mediación hipotecaria.
Otro punto del texto conjunto de la coalición abertzale y el PSE-EE solicitaba a todas las instituciones públicas, incluido el Parlamento Vasco, a retirar sus fondos de aquellas entidades financieras que no paralicen los desahucios y que no lleven adelante las propuestas de solución del citado servicio de mediación
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