El Gobierno Vasco ejecutó en los últimos tres años más de 400 desahucios de viviendas protegidas en alquiler y viviendas privadas gestionadas a través del programa Bizigune. Alokabide, sociedad pública que administra el parque público de viviendas, suspendió a mitad de 2012 la mayoría de los procedimientos en los casos en los que el inquilino carecía de ingresos suficientes.
Más de la mitad de las ejecuciones se deben a impagos no motivados por la falta de ingresos. Así, por ejemplo, hay arrendatarios que perciben pensiones, subsidios e incluso ayudas públicas destinadas específicamente a pagar la renta, pero destinan este dinero a otros fines, mientras que en otros casos el desahucio está ligado a problemas de convivencia, sobreocupación, subarriendo, destrozos, etc.
El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, facilita estos datos a través de la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por EH Bildu. Aburto detalla en la documentación remitida a la institución legislativa que el número de procedimientos de desahucio iniciados (858) fue mucho mayor que la cifra de procedimientos ejecutados (435).
El Ejecutivo de Vitoria inició en 2010 un total de 378 procedimientos de desahucio y lanzó con fecha de ejecución un total de 79. Un año después, en 2011, estos números ascendieron a 274 y 127 procedimientos, respectivamente, mientras que este pasado ejercicio 2012 los desahucios iniciados fueron 216 y los efectivamente ejecutados 153.
Se observa una tendencia descendente en el caso de los procedimientos iniciados y una tendencia creciente en el número de procedimientos lanzados. Esta diferencia puede explicarse por el hecho de que de estas estadísticas incluyen los procedimientos que nacieron a raíz de una campaña de reclamación de impagos a "grandes morosos" llevada a cabo en el primer semestre de 2010.
Distintas razones
Según estos datos, casi el 70% de los procedimientos de desahucio se comienzan a tramitar por un problema exclusivo de de impago --sólo se termina ejecutando el 44% gracias al logro de muchos acuerdos extrajudiciales--, mientras que en el 30% restante está originado por otras causas como las descritas con anterioridad (problemas de convivencia, destrozos, etc.) o una combinación de éstas con el impago.
Aburto subraya en su respuesta que el Gobierno Vasco suspendió de forma mayoritaria desde mitad de 2012 todos los procedimientos para aquellos casos es los que el inquilino carecía de ingresos suficientes para pagar la renta
El Gobierno Vasco carece de estadísticas fiables sobre el número de viviendas de protección oficial en régimen de superficie cuyos propietarios fueron desahuciados por impago, ya que los juzgados no acostumbran a informar al Departamento. Así, sólo se tiene información de que la ejecución de 21 desahucios en 2011 y 8 en 2012, pero el número real será sensiblemente mayor.
