Pasado mañana comenzará el proceso de subasta de su hogar en el juzgado de Getxo. Lo más seguro es que acabe en la calle y con la parte de la deuda que no haya conseguido cubrir la puja. «Entregaré mi casa y aún me quedarán por pagar 100.000 euros si tenemos en cuenta las costas judiciales».
Por este motivo, exige a Kutxabank lo mismo que miles de vascos que se encuentran en su misma situación: una dación en pago. Es decir, reclama que la deuda contraída con el banco derivada de la concesión de la hipoteca se zanje con la devolución del piso. Para ello, el pasado domingo inició una huelga de hambre y sed y ayer por la mañana comenzó una acampada delante de la sede de la entidad en Bilbao.
La entrega de la vivienda como forma de saldar el montante pendiente en la hipoteca ha sido una de las grandes reivindicaciones de diversos colectivos sociales durante los últimos meses. El pasado 22 de febrero, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó en el Congreso que el Ejecutivo trabaja en la elaboración de un Código de Buenas Conductas voluntario, al cual las entidades financieras se podrán acoger de forma voluntaria.
Entre las diversas medidas que contiene el texto está el de la dación en pago a las familias con todos sus miembros en paro, cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia y que no cuenten con ingresos suficientes para afrontar el pago de hipotecas. Desde la plataforma Stop Desahucios consideran esta medida «insuficiente» y piden que la dación en pago no sea opcional y se haga efectiva «para todo aquel que desee acogerse a ella».
Uriarte se vio arropada desde el principio por el calor de otras agrupaciones sociales. Los miembros de la Comisión Permanente de Ezker Batua-Berdeak, Alba Gutiérrez y José Navas, se sumaron también a la concentración. «Lo he intentado todo pero no hay forma de negociar la dación en pago con estos señores», afirma indignada. «El de la vivienda es uno de los problemas más sensibles a los que se enfrentan muchas familias en Euskadi y estos señores hacen oídos sordos», apunta. «¿De qué les sirve invertir importantes sumas de dinero en la obra social si no existe problema más social que este y se ponen una venda en los ojos?».
Pendiente de la comisión
El de Marta no es el único caso y por ejemplo, Obdulia, una anciana de 73 años del barrio de Areta en Llodio también perderá su casa el 26 de marzo por haber avalado a su hijo para que se comprara la suya. Según el Gobierno Vasco, una media de seis personas al día están abocadas a perder su hogar en Euskadi. Sin embargo, la plataforma vizcaína va más allá y afirma haber realizado una pesquisa por los juzgados del territorio histórico y sostiene que «en el plazo de tres meses se subastarán mil pisos solo en Bizkaia».
Dada la magnitud de la situación, el gobierno de Lakua pretende poner en marcha dentro de un par de meses una plataforma compuesta por expertos que actúe de mediadora para aquellos casos en los que no existan visos de llegar a una solución entre entidad financiera y cliente. Este servicio pretende ser la última oportunidad para quienes van a ser desahuciados. Además, la iniciativa también desea asesorar a todos los que vayan a firmar una hipoteca ya que según Uriarte, «el 99% de la gente que llega a esta situación es por incultura financiera». Probablemente para cuando este órgano entre en funcionamiento ya sea demasiado tarde para Marta.
A lo largo de la tarde de ayer, el cuerpo de Marta se resintió «por los nervios, la ansiedad y la sed» y sufrió una hipoglucemia que le hizo desistir de la acampada y de la huelga de hambre. «Me siento agotada tanto física como psicológicamente», confiesa. Debido al problema médico fue trasladada a su domicilio aunque tal y como informó Stop Desahucios en una nota, «reanudará la huelga de hambre y sed cuando su estado de salud mejore». A pesar de todo, la afectada asegura que en cuanto se recupere volverá a ocupar su puesto de protesta en frente de la sede de la entidad financiera vasca.