Noticias publicadas en Diario Vasco sección Economía, el viernes día 16 de Marzo de 2012.
ESPAÑA ANTE LA CRISIS Los ayuntamientos deben 17.000 millones a los proveedores 16.03.12 - 07:52 - DAVID VALERA / AGENCIAS | MADRID
Cristobal Montoro, ayer en el Congreso. / J.C. Hidalgo (Efe)
Madrid revela que su deuda asciende a 1.017 millones de euros en facturas pendientes
A pesar de que la mayoría de municipios recurrirán a esta medida, algunos consistorios como Barcelona, Málaga, Valladolid, Segovia y Girona han avisado de que no lo harán No es admisible que haya facturas en los cajones de las Administraciones Públicas que no se hayan liquidado Cristobal MontoroNumerosas corporaciones municipales han remitido ya al Ministerio de Hacienda las millonarias deudas que tienen con sus proveedores, que asciende a y, por el momento, es el Ayuntamiento de Madrid el que encabeza el listado de morosidad, al tener pendientes de pago 1.017 millones de euros. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estima que la deuda de todas corporaciones locales con los proveedores podría alcanzar los 17.000 millones de euros. De momento, el plazo para presentar las cantidades adeudadas por cada consistorio terminó ayer, y aunque el ministro no desveló la cifra concreta, sí reconoció que sería «importante». «No es admisible que haya facturas en los cajones de las Administraciones Públicas que no se hayan liquidado», aseguró Montoro durante su intervención en el Foro ABC, patrocinado por Deloitte y Ferrovial. El ministro apostó por «simplificar» y «eliminar duplicidades» en la administración pública en lo que calificó como una «reforma de las Autonomías». Dentro de este esfuerzo, el Gobierno tiene previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros la extinción de 27 empresas públicas, como la Sociedad Pública de Alquiler, la agilización en los procesos de liquidación ya iniciados de 14 sociedades y la venta de la participación en otras ocho empresas. Pero el verdadero tema candente sigue siendo la reducción de déficit. Y más en concreto la fórmula del Gobierno para cumplir con Bruselas y al mismo tiempo no asfixiar más la economía española en un año en el que el propio Ejecutivo ya prevé una caída del PIB del 1,7%. Sin embargo, el ministro, en línea con la política del Gobierno, no dio ninguna pista sobre cómo se lograrán reducir esos 20.000 millones para cumplir con el objetivo del 5,3% exigido por la UE. Insistió Montoro en dejar claro que ese ajuste no se realizará a través de una nueva subida del IRPF, el IVA o los impuestos especiales. De hecho, recalcó que el aumento de la presión fiscal aprobado en diciembre se debió a «un agujero» en las cuentas públicas que obligó al nuevo Gobierno a actuar «con urgencia». Sin embargo, matizó el carácter provisional de esas medidas: «Es una subida temporal que caduca el 31 de diciembre de 2013». El ministro reiteró la idea de que no se saldrá de la crisis «subiendo los impuestos y recortando el gasto en las capas más débiles de la sociedad». A pesar de que la mayoría de municipios recurrirán a esta medida, algunos consistorios como Barcelona, Málaga, Valladolid, Segovia y Girona han avisado de que no pedirán este crédito porque no lo necesitan para liquidar sus deudas. Madrid ha informado de que el Ayuntamiento, las empresas públicas municipales y sus organismos autónomos deben más de 1.017 millones a alrededor de 1.700 empresas y que adeuda 86 millones más que no pueden acogerse a este plan porque las facturas no son de obras, servicios y suministros, como establece el plan del Ejecutivo. Cinco facturas en Barcelona En cambio, el ayuntamiento de Barcelona no recurrirá a esta línea porque solo tiene cinco facturas pendientes de años anteriores, con un importe que no supera los mil euros. Al igual que Barcelona, el consistorio de Girona tampoco solicitará este crédito, ya que sus deudas de años anteriores solo ascienden a 243.000 euros. Con los datos hechos públicos hasta el momento, si se tiene en cuenta el número de habitantes, resulta llamativa, por ejemplo, la morosidad de la ciudad autónoma de Ceuta, que, con una población de unos 83.000 habitantes, ha recopilado facturas por importe de unos 80 millones de euros. Cada ceutí adeudaría 971 euros, mientras que la deuda de cada madrileño rondaría los 311 euros. Por su parte, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, señaló ayer que su Ayuntamiento debía a 31 de diciembre de 2011 (fecha fijada en la norma del fondo) entre 175 y 190 millones de euros, aunque la cifra se debe certificar hoy de forma definitiva. El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha cerrado sus cuentas y ha desvelado que tiene 7.499 facturas por un importe de 164,4 millones euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha preparado un dossier con 15.000 facturas que debe a 886 proveedores y que ascienden a 109 millones de euros. La situación en Andalucía En Andalucía, la mayoría de los grandes ayuntamientos han anunciado que se van a acoger a esta media, a excepción del de Málaga, al que no le hará falta recurrir a este fondo porque su situación es "solvente y saneada". El consistorio de Granada ha enviado un listado de 3.730 facturas por un importe de 107 millones de euros, en tanto que el de Córdoba mantiene una deuda de 25,5 millones de euros. Almería está estudiando si se acoge al fondo para abonar los 11 millones de euros que adeuda según el listado remitido, mientras que Sevilla y Jaén no han avanzado su cifra definitiva, aunque rondaría entre los 50 y 60 millones, en el caso de la primera ciudad, y los 300 millones, en el de la segunda. Sobre 250 millones de euros suman las facturas de las capitales de provincia de Castilla y León, de los que más de la mitad corresponden al consistorio de León. El ayuntamiento de Toledo ha reunido facturas por importe de 29,7 millones de euros, el de Albacete por 35 millones, el de Ciudad Real por 10,1 millones y el de Cuenca por 22,3 millones. Galicia y País Vasco En Galicia, las principales ciudades han reconocido pagos por 29,8 millones de euros: Santiago (13,1 millones), A Coruña (7,6 millones), Ferrol (4,7 millones) y Vilagarcía (4,4 millones). En cambio, Vigo, Pontevedra y Lugo aseguran que carecen de facturas impagadas, la misma situación del ayuntamiento de Logroño, que ha confirmado que tiene pagadas todas sus facturas con proveedores. Los ayuntamientos vascos no requerirán ayuda estatal, ya que su financiación depende de las Diputaciones, aunque las tres capitales de la comunidad no tienen previsto hacerlo al sostener que no tienen deudas con proveedores. Muchos ayuntamientos de pequeñas localidades han remitido las facturas para poder aliviar su situación, como es el caso de la solicitud de 500.000 euros por parte de Peleas de Abajo (Zamora), uno de los pueblos más endeudados a pesar de tener solo 274 habitantes. ESPAÑA ANTE LA CRISIS 16.03.12 - 00:27 - DAVID VALERA | MADRID El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que no subirán los impuestos para recortar los 20.000 millones y cumplir con el déficit
Mañana, el Consejo de Ministros suprimirá 27 empresas públicas, entre ellas la Sociedad Pública de Alquiler Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. / Juan Carlos Hidalgo (Efe) El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha adelantado que el plan de pago a los proveedores aprobado por el Ejecutivo y en el que los bancos adelantarán hasta 35.000 millones de euros, permitirá "salvaguardar" entre 75.000 y 100.000 empleos en PYMES y autónomos. Esas son las estimaciones del Gobierno sobre el impacto en el mercado del pago directo a los proveedores. Sin embargo, habrá que conocer la cuantía exacta de las facturas impagadas por los ayuntamientos para conocer el impacto real. De momento, el plazo para presentar las cantidades adeudadas por cada consistorio termina este jueves, y aunque el ministro no ha desvelado la cifra concreta, sí ha reconocido que sería "importante". "No es admisible que haya facturas en los cajones de las Administraciones Públicas que no se hayan liquidado", ha asegurado Montoro durante su intervención en el Foro ABC, patrocinado por Deloitte y Ferrovial. El ministro ha apostado por "simplificar" y "eliminar duplicidades" en la administración pública. "Hay que reducir los niveles de la administración", ha asegurado, y ha llegado a calificarla como una "reforma de las Autonomías". Dentro de este esfuerzo, el Gobierno tiene previsto aprobar este viernes en el Consejo de Ministros la extinción de 27 empresas públicas, como la Sociedad Pública de Alquiler, la agilización en los procesos de liquidación ya iniciados de 14 sociedades y se desinvertirá en otras ocho empresas. Estas medidas se enmarcan en los principios de eficacia y estabilidad presupuestaria que rigen la política europea. Además se ha mostrado convencido de que las distintas Administraciones cumplirán con lo acordado y ha restado importancia al caso de Gerona, que aprobó declararse insumisa y no pagar a la Agencia Tributaria, por considerarla una "pose política" sin efectos prácticos. Pero el verdadero tema candente sigue siendo la reducción de déficit. Y más en concreto la fórmula del Gobierno para cumplir con Bruselas y al mismo tiempo no asfixiar más la economía española en un año en el que el propio Ejecutivo ya prevé una caída del PIB del 1,7%. Sin embargo, el ministro, en línea con la política del Gobierno, no ha dado ninguna pista sobre cómo se lograrán reducir esos 20.000 millones para cumplir con el objetivo del 5,3% exigido por la UE. Insistió Montoro en dejar claro que ese ajuste no se realizará a través de una nueva subida del IRPF, el IVA o los impuestos especiales. De hecho ha recalcado que el aumento de la presión fiscal aprobado en diciembre se debió a "un agujero" en las cuentas públicas que obligó al nuevo Gobierno a actuar "con urgencia". Sin embargo, ha matizado el carácter provisional de esas medidas: "Es una subida temporal que caduca el 31 de diciembre de 2013". El ministro ha reiterado la idea de que no se saldrá de la crisis "subiendo los impuestos y recortando el gasto en las capas más débiles de la sociedad". Tras las elecciones El titular de Hacienda ha descartado el aumento del IVA tras las elecciones andaluzas y asturianas el próximo día 25 de marzo, como aseguran desde la oposición socialista. La opción de subir los impuestos especiales, -que gravan el tabaco, el alcohol y la gasolina- también parece descartada tras reconocer el ministro la caída en la recaudación sobre estos bienes y el miedo en el Gobierno a que un aumento en la presión fiscal retraiga todavía más el consumo. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su comparecencia en el Senado ha asegurado que el Ejecutivo está considerando "diferentes alternativas fiscales" para reducir el déficit. No ha especificado cuáles, y todas las referencias se centran ahora en la tributación de las empresas, con especial incidencia en las exenciones y bonificaciones que podrían suprimirse. Durante su intervención, una de las ideas más repetidas ha sido la de cumplir con la estabilidad presupuestaria para recuperar la confianza de España en el exterior. Y para ello ha defendido la reducción del déficit público. "Pensar que de la crisis se sale con más deuda pública es un error de manual", ha explicado en clara referencia a las peticiones del PSOE de pedir más flexibilidad a Bruselas. Sin embargo, ha defendido el incumplimiento del 4,4% fijado para 2012 por considerarlo poco realista: "El objetivo del 4,4% no tenía sentido por el escenario económico". Respecto al tira y afloja entre el Gobierno y la UE sobre la cifra de déficit del 5,8% anunciado por el presidente Mariano Rajoy y el 5,3% fijado finalmente por Bruselas, Montoro ha negado que fuese una decisión pactada y ha defendido la autonomía de España para sentarse a negociar "sin complejos" con sus socios europeos. Para el titular de Hacienda era necesario fijar una cifra de déficit que permitiera "volver a crecer" y "crear empleo". Y es que el objetivo último es el sagrado 3% para 2013. Y el Gobierno es consciente, como ha reconocido el ministro De Guindos, de que existe "poco margen para cometer errores". Por último, Montoro también ha defendido la reforma laboral por considerar que "moderniza" las relaciones laborales en aspectos claves como la negociación colectiva o la movilidad de los trabajadores dentro de la empresa. Ha criticado a quienes repiten que la reforma abarata el despido por "deformar la realidad". CONSEJO DE MINISTROS ENTRE LAS AFECTADAS ESTÁ LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER O INGENIERÍA Y SERVICIOS AEROESPACIALES 16.03.12 - 08:59 - EUROPA PRESS | MADRID El Ministro de Haciendo y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro. / Emilio Naranjo (Efe) El Gobierno tiene previsto aprobar durante el Consejo de Ministros de este viernes el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial, así como la transposición de Directivas Europeas sobre multipropiedad y sobre la obligación de infomración de fusiones y adquisiciones de sociedad de capital. El Consejo de Ministros de este viernes estará presidido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y contará con la asistencia de todos los miembros del Ejecutivo. El Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial incluirá la extinción de 27 empresas públicas estatales, el 19 por ciento del total, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales. Esa extinción afectará a la Sociedad Pública de Alquiler; Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, Remolques Marítimos S.A., o Sociedad de Venta de Loterías, entre otras. Además de suprimir 27 empresas públicas, el plan del Gobierno para la reestructuración del sector público incluirá la desinversión en 8 sociedades (un 6 por ciento) y la agilización en 14 sociedades (un 10 por ciento). En concreto, las operaciones planteadas afectan a un total de 49 sociedades mercantiles estatales, lo que representa el 35 por ciento del total, según han señalado fuentes del Ejecutivo. El Ministerio de Hacienda y de Presidencia llevan varias semanas trabajando en este plan de redimensionamiento del sector público con el fin de "reducir, fusionar y eliminar las entidades que no sirvan a un propósito público claro y justificado". En este momento existen 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios, con una deuda acumulada que se acerca a los 60.000 millones de euros, prácticamente el triple que hace tres años, según los datos que adelantó recientemente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El propio Mariano Rajoy ha defendido en varias ocasiones la necesidad de acometer una "profunda reforma" de las Administraciones Públicas, "aligerando la dimensión" del sector público. Se trata de "garantizar el mejor uso de los recursos públicos" y gestionar de forma "austera y eficiente", según dijo este miércoles ante el Pleno del Congreso. Transposición de directivas Asimismo, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a la transposición de directivas comunitarias relativas a la multipropiedad y a la obligación de información de fusiones y adquisiciones de sociedades de capital. En cuanto a la multipropiedad, el Ejecutivo pretende aumentar los derechos de los consumidores, incorporando una directiva comunitaria de 2008, para regular las actividades de esta modalidad turística en la que diversas personas comparten un mismo grupo de apartamentos que se turnan para disfrutar en determinadas temporadas del año pagando para ello un precio anual. Sobre la relativa a fusiones y adquisiciones de sociedades de capital, el objeto es simplificar las obligaciones relativas a la información y a la publicación de estos proyectos de fusión y escisión.
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