La Diputación de Gipuzkoa movió ayer ficha para avanzar en el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Parlamento Vasco en 2008, en la que se garantiza el acceso universal a los servicios sociales para 2016, y se fija el papel que debe desempeñar cada institución (Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos) con el objetivo de homogeneizar los recursos, condiciones de acceso y financiación, entre otros. Según el reparto previsto en el texto normativo, a la Diputación foral le corresponde gestionar las dieciséis residencias ahora en manos municipales, que arrastran un déficit de 8,1 millones de euros, mientras que los ayuntamientos deben financiar el servicio de ayuda domiciliaria, que en la actualidad supone un gasto de 14,8 millones de euros anuales para las arcas de la Diputación.

Pero lo que sobre el papel supone un traspaso de ‘poderes’ en la gestión, en la práctica se convierte en un «problema bastante complejo» de solucionar por la escasez de recursos en general, y de los ayuntamientos en particular. La propuesta presentada ayer a los municipios y a las Juntas Generales pretende resolver ese escollo con un calendario progresivo de implantación desde este año hasta 2016, en la que se refuerzan además los recursos para que las personas dependientes puedan mantenerse en su domicilio y retrasar así su ingreso en una residencia.

El documento está abierto a las aportaciones del resto de grupos en las Juntas y debe también lograr el difícil consenso con los 88 ayuntamientos guipuzcoanos que ya han advertido de la necesidad de una inyección de dinero en sus cuentas para poder llevarlo adelante, a través de un cambio en laLey de Aportaciones, como plantea la Diputación, u otras alternativas que les permitan cumplir con las obligaciones de financiación recogidas en la Ley vasca de Servicios Sociales. «Si no se establece un nuevo reparto de recursos económicos que mejore la capacidad de los ayuntamientos, no será posible desarrollar en su integridad el planteamiento de este documento, y únicamente serán viables las actuaciones previstas en 2013-2014», quiso dejar claro desde un principio el diputado de Política Social, Ander Rodríguez.

«Creación de mil empleos»

En líneas generales, la Diputación plantea un nuevo modelo de financiación «que va más allá del mero reparto de atribuciones que establece la ley» y que la Diputación ‘transforma’ en «un plan de mejoras» orientado al mantenimiento de la persona dependiente en su hogar, con tres apuestas que favorecerían la creación en Gipuzkoa de un millar de puestos de trabajo en el sector de los cuidados a personas dependientes en el plazo de cuatro años, según sus cálculos.

Por un lado, y en paralelo al trasvase de la gestión de la ayuda domiciliaria a los ayuntamientos, estos deberían comprometerse a potenciar el servicio, ya que el actual «arrastra cinco años seguidos de descenso de usuarios», de 6.146 en 207 a 5.447 en 2011. Rodríguez explicó que se plantea aumentar el número de horas semanales de ayuda en el hogar para los graves dependientes (Grado III), lo que supondría un 40% más de horas y un gasto extra de 3,5 millones de euros al año que habría que añadir a los 14,8 millones de coste. Además, se rebajaría el copago (la cantidad que tiene que abonar el usuario) en relación al precio público, ya que en la actualidad muchos de los potenciales usuarios a partir de un nivel de renta prefieren contratar este servicio en el mercado privado o directamente en la economía sumergida, porque les ofrecen un precio más atractivo que el servicio de ayuda domiciliaria municipal, explicó Rodríguez. Con esta medida se prevén 130 nuevos puestos de trabajo.

Una de las principales novedades de la propuesta es la creación de un nuevo servicio municipal:un equipo «de acompañamiento y seguimiento en el hogar» para las 12.000 personas beneficiarias de ayudas en Gipuzkoa, encargado de garantizar la idoneidad de los cuidados con el fin último de contribuir a la estancia en el domicilio del dependiente. Este equipo profesional estaría compuesto por unas cien personas, que serían nuevos empleos a jornada completa. La Diputación compensaría con 5 millones a los ayuntamientos.

El tercer frente que la Diputación ha abierto para intentar potenciar la atención en el domicilio tiene que ver con las prestaciones económicas contempladas en la Ley de Dependencia. El martes pasado, el consejo de diputados aprobó la extensión de la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) a las dependencias severas y moderadas, que podrán beneficiarse de una ayuda económica de entre 300 y 833 euros, en función del grado de dependencia, para contratar a un cuidador –sin lazos familiares–. La Diputación calcula que esta medida supondrá el trasvase del 20% de los actuales perceptores de la prestación por el cuidado en el entorno familiar –la más solicitada–, a la nueva ayuda, lo que se traduciría en 750 contrataciones de asistentes personales en el hogar.

Un organismo autónomo

El trasvase de las dieciséis residencias municipales se realizaría a través de un nuevo organismo autónomo foral, que asumiría la gestión de forma progresiva –en 2014 las residencias con menor déficit y en 2015, el resto–, en un calendario de plazos en el que también se fijan las fases del trasvase gradual de la financiación de la ayuda domiciliaria a los ayuntamientos.

Según el calendario propuesto, este año la Diputación aportará a los municipios el 100% de la financiación por la atención domiciliaria, y a su vez los ayuntamientos sufragarán el déficit de las residencias. En 2014, la aportación foral se quedaría en un 85%, en 2015 abonaría el 50% y a partir de 2016 sería el 25%. El plan supondría un aumento de gasto acumulado de 5,8 millones de euros para el conjunto de los ayuntamientos y de casi 7 millones de euros para la Diputación. «En este tránsito nadie perderá derechos, ni las personas dependientes ni los trabajadores», garantizó Ander Rodríguez.