Comunidades de vecinos y alquileres encabezan las consultas de Acubi en el primer semestre de 2018

La Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa (Acubi) atendió durante el primer semestre de 2018 a un total de 967 personas (825 en Irun y 142, en Hondarribia) y gestionó 113 reclamaciones (66 en Irun y 47 en Hondarribia).

El alquiler fue, una vez más, uno de los temas sobre el que giraron la mayoría de las consultas (238). Las dudas sobre la resolución del contrato de arrendamiento o la duración del mismo; la devolución de la fianza o el procedimiento de entrega en el Gobierno Vasco, y los impagos de renta fueron algunas de las cuestiones puestas sobre la mesa de Acubi. «Mucha gente viene a la oficina cuando ya tiene el problema encima y procuramos solucionarlo», señalaba la secretaria de la asociación, Belén Martínez. «Pero siempre decimos a propietarios e inquilinos que lo más conveniente para evitar complicaciones posteriores es informarse bien antes de firmar el contrato».

Alquiler y compra

A la hora de decidirse por un alquiler conviene seguir algunos consejos, como «hacer fotos de la vivienda antes de instalarse y al término del contrato», con el fin de evitar problemas cuando llegue el momento de la devolución de la fianza; asegurarse «de la titularidad de los recibos de luz y gas», o ver si en el seguro de hogar hay «alguna póliza relacionada con rentas impagadas. Son cosas que conviene mirar», añade Belén Martínez.

En el balance del primer semestre de 2018, Acubi destaca, también, una reactivación de las consultas sobre la compra de vivienda (38). «Las preguntas están relacionadas con el contrato de compraventa y otros trámites», explica la secretaria de la asociación. «Es un tema que ha estado parado durante un tiempo y que comienza a activarse, no porque se hayan abaratado los precios de la vivienda, sino porque parece que hay una recuperación de la situación económica».

Las comunidades de vecinos constituyen otra de las cuestiones destacadas en el balance de Acubi. De hecho, encabezan la lista de consultas de este año, con un total de 254. «La mayoría de las preguntas que nos han llegado han sido sobre la instalación de ascensores», explica Martínez, «pero también siguen consultándose temas como los impagos de algún vecino en la comunidad, las mayorías necesarias para adoptar acuerdos y este año, la ITE (Inspección Técnica de Edificio)», asunto éste sobre el que Acubi organizó dos jornadas informativas abiertas en Irun y Hondarribia.

Sectores como la telefonía (55), la luz (44) y el gas (19) continúan ocupando lugares destacados en el balance de consultas de Acubi. Por encima de ellos, se sitúan las entidades bancarias (71). «Seguimos teniendo consultas relacionadas con los bancos, porque continuamos trabajando con el tema de las cláusulas suelo y nuestra abogada ya ha iniciado alguna reclamación por vía judicial».

El sector de las aseguradoras, con 63 consultas, también ha dado quebraderos de cabeza este año. «Desde que comenzó la crisis, estamos viendo lo que cuesta que se resuelvan algunos siniestros, sobre todo en seguros de hogar y de vehículos. Hay que peleárselo mucho, porque ponen muchas pegas», comenta la secretaria de Acubi, quien aconseja «mirar bien las condiciones antes de contratar el seguro. A veces, por restarle algo de dinero al importe, también estamos perdiendo prestaciones».

Ventas a domicilio

A pesar de las periódicas advertencias realizadas por las oficinas del consumidor de distintas administraciones y por las asociaciones de consumidores, las ventas a domicilio siguen creando complicaciones, sobre todo en la economía de personas mayores. «Este año, las empresas que venden a domicilio han aprovechado los cambios de contadores de la luz para hacer creer a algunas personas que tenían que cambiar también de compañía, cuando es mentira», advierte Martínez.

Además de la luz y el gas, los artículos sanitarios y terapéuticos vendidos a domicilio han generado este año varias consultas. La asociación recuerda que «si has firmado un contrato y te arrepientes, tienes derecho al desestimiento en un plazo de 14 días». Para ello, es necesario rellenar un formulario y enviarlo por carta certificada o burofax. Una vez ejercido el derecho de desestimiento, el contrato quedaría anulado y la empresa debería devolver el dinero.

Pasados esos 14 días, el problema podría llegar a solucionarse, «pero es mucho más difícil». Belén Martínez insiste en la conveniencia de «desistir en plazo. Muchas veces, las personas mayores no cuentan lo que les ha pasado por vergüenza, pero es mejor que lo hagan cuanto antes, porque entrando en plazo, la solución es más sencilla».